Los principales poderes políticos y económicos de Galiza se encuentran detrás de Regasificadora del Noroeste SA (Reganosa), titular de la planta de gas en fase de pruebas que opera en el interior de la angosta ría de Ferrol. Más de 40.000 habitantes, en un radio de tres kilómetros, están amenazados por la peligrosidad de esta instalación promovida por el Grupo Tojeiro.

El acuerdo confidencial suscrito con Manuel Fraga Iribarne garantizaba su viabilidad económica y apoyaba la actual ubicación para salvaguardar la continuidad de la petroquímica Forestal del Atlántico SA, anterior propietaria de los terrenos.

Su licencia de actividad, que caducaría en 2017, se amplía así al acompañar en la misma área usos industriales. El negocio se completaba con la venta de tierras: dos meses antes la empresa segregaba la parcela multiplicando por 15 su precio.

Es necesario señalar que en la administración de Forestal del Atlántico, también del Grupo Tojeiro, había participado el entonces conselleiro de Economía, José Antonio Orza. Éste formó parte del grupo que negoció el acuerdo con Fraga, acompañado también por Rodolfo Martín Villa, ex ministro español de Gobernación con UCD.

Reganosa suministrará gas, entre otras, a centrales de Unión Fenosa en Teixeiro y Endesa en As Pontes. Gran parte de la energía generada abastecerá la demanda española a través de Red Eléctrica Española. Se estima que más del 40% de la energía eléctrica procedente de Galiza tiene actualmente este destino.

La oposición popular ha sido constante durante los últimos ocho años, canalizada por el Comité Cidadán de Emerxencia, que aglutina importantes sectores vecinales y asociativos al margen de los partidos institucionales.

Varios buques gaseros vieron bloqueada la entrada a la ría por barcas de mariscadores que defendían su derecho a trabajar, lo que costó el encarcelamiento de Bernardo Bastida, patrón mayor de la Cofradía de Ferrol. Las continuas movilizaciones consiguieron en 15 días su puesta en libertad, a pesar de la amenaza constante de la Delegación del Gobierno español al activismo contra Reganosa.

Un número importante de vecinos se encerraron en el Ayuntamiento de Mugardos, donde están las instalaciones, desde el 23 de julio hasta el 10 de noviembre. El último fin de semana de setiembre más de cinco mil personas se manifestaban en Ferrol reiterando las demandas populares.

La movilización estuvo precedida por la explosión de un artefacto en un contenedor de vidrio situado a 500 metros de la central durante la madrugada del día 25, que la Guardia Civil atribuyó a independentistas relacionados con anteriores sabotajes contra objetivos urbanísticos. La reivindicación del ataque, enviada a diferentes medios y a la que GARA tuvo acceso, amenazaba los intereses de la empresa, sus dirigentes y los responsables de la puesta en funcionamiento de la central.

Afección en el marisco

Los primeros damnificados son los mariscadores, por la afectación a las aguas marinas durante el procesamiento del gas natural. El centro de Ferrol está a tan sólo un kilómetro de las instalaciones y varias viviendas se localizan en un radio de 50 metros, a pesar de que las directivas internacionales determinan un área de protección no inferior a los dos kilómetros.

El Comité de Emerxencia presentó diferentes denuncias por incumplimiento de leyes relativas a la seguridad, protección medioambiental y ordenación urbanística. Sin embargo y contra dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galiza, la autorización administrativa previa y la de construcción se aprobaron sin evaluación de impacto y sin haber estudiado alternativas. La concesión de la Autoridad Portuaria no tuvo en cuenta la Ley de Costas y la recalificación urbanística se aprobó llevando consigo restos de un yacimiento romano para permitir usos industriales.

La actividad de Reganosa continúa y prevé duplicar su capacidad, aún pendiente de ver aprobado el Plan de Emergencia Exterior para intervenir ante accidentes que podrían provocar el centenar de buques que entrarán cada año en la ría.