Falsedades documentales e irregularidades contractuales, así como ocultaciones de datos y movimientos financieros, son, textualmente, los hechos que la sociedad pública Berroeta Aldamar y la privada Fundación Balenciaga tienen previsto poner en conocimiento de la Fiscalía hoy mismo, para que proceda contra Mariano Camio.

La denuncia tiene su origen en la gestión realizada por éste al frente del Museo Balenciaga, que, con el objetivo de preservar y difundir la obra del conocido modisto, se está construyendo en su localidad natal, Getaria. Un centro que, en realidad, tras sufrir diversos retrasos, debía haber sido inaugurado el pasado verano y que, sin embargo, está lejos de concluir. De hecho, las obras están casi paralizadas, como consecuencia de problemas financieros. La consejera de Cultura de Lakua, Miren Azkarate, estimó la semana pasada que será preciso realizar una inversión suplementaria de 10 millones de euros. Cabe recordar que el presupuesto original, de 6 millones, ya se dobló en su día y que las cantidades comprometidas por el Gobierno de Madrid (más de 8 millones) no han podido ser hechas efectivas por motivos imputables, en buena medida al menos, a la gerencia del proyecto.

La Fundación Balenciaga se constituyó en 1999. Aunque la presidencia de honor la ostentan los reyes de España y entre los fundadores figuran, entre otros, Hubert de Givenchy, Paco Rabanne y Plácido Domingo, la persona con poderes ejecutivos fue desde el principio el ex alcalde Mariano Camio, asistido por el diseñador cubano-estadounidense Julián Argilagos.

La fundación consiguió que el municipio cediera el palacio Aldamar como sede del museo y, como la capacidad del edificio era limitada, obtuvo también parte del parque que lo rodea para levantar una nueva construcción. No todo el mundo estuvo de acuerdo. La izquierda abertzale, recuerda Karmele Iribar, se mostró partidaria de que el palacio albergase un museo más modesto, relacionado también con la historia y la idiosincrasia de Getaria, y denunció la megalomanía de un proyecto que requería inversiones millonarias sin que existiera un plan de viabilidad. Además, consideró ilegal ceder parte de un parque público a una entidad privada. Esta y otras denuncias cayeron en saco roto.

Tras una inversión de más de 3 millones, el palacio quedó rehabilitado y llegó el momento de acometer «la segunda fase» del proyecto, la construcción de un edificio de cristal diseñado por Argilagos presupuestado entre los 10 y los 12 millones. Eran palabras -o cifras- mayores y, en buena medida con el fin de «normalizar» una situación en la cual una entidad privada estaba disponiendo de importante patrimonio público, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno de Lakua crearon en 2005 la sociedad Berroeta Aldamar. A partir de entonces, ésta se encargaría del continente del museo, de construir el edificio, y la fundación, de su contenido, del proyecto museológico. Sin embargo, Camio era tanto el gerente de la sociedad pública como el hombre fuerte de la entidad privada. En palabras de Manuel Cabrera, secretario de la fundación, «era la persona que hacía los contratos, tenía firma bancaria y poderes para actuar en nombre de la entidad».

«Graves irregularidades»

En abril de 2006, la fundación inauguró en su sede provisional la exposición «El lujo de la sobriedad», presentada como «la última que organizará la entidad como tal, pues se espera que el museo esté listo para el verano de 2007». En octubre, Camio confirmaba la fecha. «Las obras se desarrollan a buen ritmo y han entrado en fase decisiva», decía.

En feberero de 2007, sin embargo, Aintzane Ezenarro (Aralar) denunciaba que, según sus datos, el presupuesto podría llegar a «quintuplicarse», y pedía explicaciones. Poco después, Camio presentaba su dimisión «por motivos de salud». Berroeta Aldamar la aceptaba y, en una nota, aseguraba que el ex alcalde había ejercido su función «sin contraprestación económica alguna» y la abandonaba «después de una dilatada trayectoria que ha permitido levantar un proyecto que no hubiera sido posible sin su apuesta personal». Eso no le impidió a la sociedad encargar «un estudio financiero y legal que permita abordar con garantías y rigor la fase final del proyecto». El estudio devino en auditoría, que constató «graves irregularidades», como el abono de facturas «por proyectos que no se han justificado» (439.905 euros) a la empresa Hemen Fashion Art, radicada en Miami y encabezada por Argilagos, cuya titulación fue cuestionada públicamente en su día por el Colegio de Arquitectos. Constató también que a los miembros del consejo de la sociedad se les había ocultado información sobre modificaciones de contratos que implicaban obligaciones económicas.

A la vista de esto, el consejo de Berroeta-Aldamar, en su primera reunión tras las elecciones, decidió poner el asunto en manos de un prestigioso bufete y «emprender todas las medidas administrativas y jurídicas pertinentes para depurar responsabilidades». Otro tanto hizo la fundación.

Camio consideró «sesgada» la auditoría y defendió su «honestidad e integridad», asegurando que las imputaciones que se le hacen carecen de «argumentos objetivos» y «dan pábulo a la insidiosa campaña de descrédito orquestada en mi contra».

El consejo de Berroeta Aldamar hizo pública en su día una «autocrítica, por el hecho de que no hayan funcionado los mecanismos de control». Las hipótesis sobre por qué no lo han hecho, cuando los defectos de este vestido no están en tal o cual pespunte, sino que se presentan como considerables rotos, descosidos y costurones varios -impropios, desde luego, de Balenciaga-, están abiertas.