Josu Balmaseda reclamó ayer en nombre de las Asambleas de Parados de Barakaldo y Sestao, de Argilan (Bilbo), Berri-Otxoak (Barakaldo) y Danok Lan (Galdakao) que las Juntas Generales accedan a complementar la Renta Básica hasta el 100% del salario mínimo interprofesional (SMI), como ocurre en territorio guipuzcoano. Balmaseda participó en una concentración en la que miembros de las plataformas contra la exclusión social se desnudaron ante la sede de la Diputación que preside José Luis Bilbao para denunciar esa situación.

Según adelantó el portavoz de los grupos, «sabemos que el PNV no acepta esa propuesta, pero esperamos que el resto de la oposición sí lo haga, como han quedado con nosotros. Esperemos que ningún partido nos defraude».

Los grupos contra la exclusión también reivindicaron, ante la negociación de los presupuestos de la Administración foral vizcaina, que se cree un fondo de 17 millones para atender las necesidades económicas de las ayudas de emergencia social. Josu Balmaseda explicó que la partida presupuestaria que remite cada año el Gobierno de Lakua sólo alcanza al 50% de las peticiones de emergencia social de los más necesitados. «Si se amplía en Bizkaia con 17 millones más, se podrá atender al conjunto de los más necesitados», precisó. También explicó que las ayudas de inserción «llevan congeladas desde hace unos cuantos años. Es momento de descongelarlas para actuar con políticas a favor de los ciudadanos sin recursos económicos para subsistir en el día a día».

Según los datos que aportaron estos grupos contra la exclusión social, en Bizkaia «40.000 personas demandan una vivienda en el servicio Etxebide» y «75.000 jóvenes no pueden emanciparse por la carestía de la vivienda y la situación de precariedad laboral que padecen». También expusieron que 39.750 de las 53.000 viudas que existen en Bizkaia perciben pensiones inferiores a los 450 euros al mes. Un dato también importante es que en Bizkaia se concentra la mayor parte de los perceptores de Renta Básica, ayudas de emergencia social y de inserción, ya que suman 22.154 familias.

Para estas organizaciones, esta situación contrasta con el superávit de 400 millones que «la Diputación ha tenido este último año».