El pasado mes de agosto, un millar de ecologistas llevaban a cabo a las afueras de Londres una jornada de acción directa en el marco de la cual intentaron bloquear los accesos a las oficinas de BAA, la empresa gerente del aeropuerto de Heathrow. Esa movilización se enmarca dentro del tipo de acciones que desarrollan de manera más o menos habitual organismos sociales de muy distinto tipo cuando tratan de apercibir a la sociedad de los intereses políticos y económicos que se ciernen sobre determinados proyectos.

AHT Gelditu! Elkarlana tiene planteadas el jueves concentraciones ante empresas que toman parte en el proyecto de alta velocidad. En pura lógica esas acciones deberían ser observadas con los mismos criterios con los que se miran, pongamos, movilizaciones como la referida u otras muchas que tienen el sentido de alertar sobre eventuales abusos de los gobiernos sobre los derechos de sus administrados. Ocurre, sin embargo, que a la protesta de hoy se llega tras una serie de declaraciones y tomas de posición, en particular de los socios del Gobierno de Lakua, que denotan que lo que en otras latitudes se interpreta como un reflejo de la buena salud de la democracia, o incluso se elogia como un reflejo de la vitalidad de la llamada «sociedad civil», es motivo de sospecha en Euskal Herria. Ese talante institucional no es de recibo.