Miembros de la Plataforma vasca contra las macrocárceles acudieron ayer a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz para explicar las razones de su rechazo a la construcción de nuevas cárceles en Zubieta y Langraiz. Y junto a la crítica, hicieron diversas propuestas al Parlamento, que todos los grupos prometieron analizar y en algunos casos se comprometieron a impulsar.

Así, propusieron que el Parlamento extienda al proyecto de macrocárcel de Langraiz un anterior posicionamiento contrario a los «centros tipo» como el entonces previsto en Zubieta, y que plantee a Instituciones Penitenciarias que, de ser necesaria la creación de centros de ejecución penal «sean especializa- dos y de pequeño tamaño y se adapten a las necesidades de tratamiento del delito y a las características de la población recluida con residencia administrativa y arraigo en la CAV».

Para ello, además del cierre de las actuales cárceles, propusieron que el Parlamento consulte a la red institucional y asociativa «sobre cómo habría de acometerse un Plan de Ejecución Penal para la CAV», y reclamaron hacer efectiva la transferencia en materia de prisiones.

Oferta de Zubieta

En representación de la plataforma ciudadana participaron, además del presidente de Salhaketa en Araba César Manzanos, un representante de la Asamblea de Zubieta, Eñaut Zuriarrain, y Xabier Garate en representación de Arrats, asociación guipuzcoana dedicada a la asistencia a las personas presas. Los tres rechazaron en sus intervenciones los proyectos de construir nuevas prisiones en las localidades de Zubieta y Langraiz.

Así, Zuriarrain destacó la negativa incidencia que tendrían, de realizarse, los proyectos inicialmente previstos -prisión, incineradora y hasta los cuarteles militares que sustituirían a los actuales de Loiola- para una localidad de 500 habitantes. A pesar de ello, manifestó la voluntad de los vecinos de Zubieta para poner a disposición de las instituciones terrenos para «cualquier instalación que permita una alternativa al proyecto de cárcel tipo» como por ejemplo, para la construcción de un centro para las madres presas, que actualmente deben cumplir sus condenas en cárceles alejadas de Euskal Herria.

En el mismo sentido, Garate reclamó que se aporte «material económico y humano para resocializar», en lugar de construir más cárceles.

César Manzanos, por su parte, subrayó que el Estado español es el que tiene una mayor tasa de personas presas de Europa, fruto de una política penitenciaria que, respondiendo así a la duda planteada por Rafa Larreina, de EA, sobre si la construcción de una nueva cárcel hipotecaría el futuro, aseguró que, además de ser muy cara, «genera más problemas de seguridad de los que intenta evitar».

Por otro lado, abundó en la crítica de Itziar Basterrika (Ezker Abertzalea) a la falta de voluntad para llevar a la práctica los acuerdos parlamentarios, y criticó que «más que falta de voluntad hay una intencionalidad política». Además, confesó sentir «pena» al ver que, como ha sucedido en Donostia, algunos políticos «te dicen una cosa en privado y luego hacen otra».

El portavoz de Salhaketa coincidió con Mertxe Agúndez (PSE) en que «los ciudadanos demandamos eficacia en el tratamiento del delito» aunque matizó que «eso no significa cárcel».

Nerea Antia (PNV) incidió en la situación de Langraiz, a lo que Manzanos advirtió que «a veces se utiliza el que las cárceles son obsoletas para justificar la construcción de más cárceles».