El el tratamiento médico y penitenciario que reciben los prisioneros vascos enfermos ha de tener algún responsable. ¿Quién? ¿Qué criterios técnicos utiliza la Junta del Equipo de Tratamiento de una prisión para rechazar los informes del médico de esa misma prisión cuando son favorables a la excarcelación por enfermedad grave? Ahí la cárcel no puede ocultar todo lo que se quiere ocultar, ni los departamentos de régimen cerrado, que es donde están la mayoría de prisioneros vascos, pueden encubrir las fatalidades que rozan el crimen perfecto.

Demasiado a menudo la sociedad queda atrapada en la tragedia de las torturas, agresiones y malos tratos que padecen los presos en el Estado y que Amnistía Internacional y el Síndic de Greujes (Ararteko) de Catalunya separadamente han denunciado. Se destaca en primer lugar con el incremento de denuncias que no son hechos aislados, que se dan en todas las comunidades autónomas y, por último, gozan de una impunidad casi total. Con estas memorias los malos tratos y la tortura en las cárceles y casernas policiales ya no pueden explicarse en términos coloquiales ni convencionales como las bofetadas que cínicamente el delincuente ex ministro socialista de Interior Barrionuevo refería que se le escapaban en su ministerio.

Cuando se circula por este camino de la impunidad, la degradación de los derechos obligatoriamente llega a extremos insospechados en París, Madrid y Gasteiz con los prisioneros vascos enfermos. Los informes de Etxerat y Askatasuna son demoledores e incontestables, como lo es la apreciación de la madre de Angel Figueroa de que los órganos institucionales niegan deliberadamente los derechos para los presos políticos enfermos, en primer lugar por lo que son y no por la gravedad de su enfermedad. Y es precisamente con las enfermedades graves, algunas de ellas incurables, cuando el trato médico-penitenciario adquiere una gran diferencia respecto a otro tipo de presos.

¿Quién es el responsable de que Gotzone Lopez de Luzuriaga, Bautista Barandalla, Juan José Rego Vidal, Jon Agirre, Josu Uribetxeberria, Jose Ramon Foruria y Marilo Gorostiaga no puedan acogerse a los beneficios que marca la ley por la gravedad de su enfermedad? Se sabe que las responsabilidades con Euskal Herria son políticas, pero ¿quién participa a nivel profesional para que este impulso político se cumpla? ¿Quién separa de los compañeros para que el aislamiento y sufrimiento sea cruel y patológico? ¿Quién silencia el tormento y la desgracia a la familia?

La casuística de los casos de enfermedades orgánicas, toxicomanías cronificadas o patología dual sobre los que las juntas de tratamiento informan favorablemente para la aplicación del artículo 196 es muy variada. Este es el primer nivel de decisión que se inicia con el informe del médico de la prisión y con la obligación que determina la ética médica de respetar al enfermo y su familia. Ningún hospital penitenciario es sinónimo de autonomía y de curación si no va acompañado de un riguroso y extremo deslinde ideológico. En caso contrario, estos centros de salud se convierten inexorablemente en herramientas blancas de hacer política gracias a la perversión médica a favor de unos fines que nada tiene que ver con la conciencia médica de curar. En el caso de Gotzone se cuenta con el apoyo del criterio médico, y es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria quien, trabajando al dictado político de sus mentores, hace del binomio medicina-conciencia una esquizofrenia permanente, aunque para ese médico es precisamente la ética médica la que hace que estos dos conceptos sean inseparables.

Si en los años de la dictadura el médico psiquiatra, el psicólogo o el forense eran los encargados de guiar a los sabuesos para determinar la capacidad de la víctima ante la tortura y rentabilizar al máximo el procedimiento del sufrimiento, hoy existen encargados de desempeñar el mismo rol con sus leyes, para que el enfermo aguante el máximo encarcelado sin poder estar con su familia y, si no, interpreten al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que decide para Gotzone que no sólo deba constatarse el padecimiento de una enfermedad con un pronóstico fatal inevitable, sino que pueda considerarse relativamente próximo este desenlace.

Lo que en la dictadura era complicidad ahora se ha convertido en victimario directo, pues se ha pasado del rango de asesor a sentenciador de decisiones médico-políticas que atentan contra los derechos humanos. En octubre de 2002 escribí en GARA: «con la propuesta del PP y el respaldo confirmado por el PSOE hacia la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para las condenas dictadas por la Audiencia Nacional, entramos en un estado de excepción en que la regularización del abuso sobre los presos políticos vascos convierte los objetivos de los derechos humanos en una quimera». Hoy me veo obligado a añadir que este desgraciado acierto ha sido posible por la complicidad política desde Euskal Herria de líderes jeltzales con importantes contradicciones en lo social, miedo en lo político y debilidad en lo personal.

El corporativismo y el espíritu de cuerpo ofrecen la impunidad a personas de alto rango y prestigio para que no puedan ser miradas directamente a los ojos, pero un día, a la luz del deber individual, la sociedad civil exigirá responsabilidades por el rol que algunos han jugado durante estos años con los prisioneros vascos enfermos, porque la impunidad hoy ya no puede ocultar que hay operadores que sin escuchar la razón son premiados por ello.