En las administraciones de la CAPV 1.150 millones de euros de superávit en 2006, 872 en el 2005... En Nafarroa 113 millones de euros en el 2006. Dice el consejero Inclán que «habría que pagar más impuestos para hacer frente a las necesidades de la sanidad pública». Lo dice quien forma parte de un Gobierno que tiene como objetivo esencial, por encima de otros, el superávit presupuestario. Cuanto más mejor. No es serio. La política está invadida de frivolidades y las de Inclán merecen un premio. Cuando habla de «subir los impuestos» lo hace en tono de amenaza. Lo dice un miembro del Gobierno que toma decisiones para ahorrarles impuestos a las rentas altas y empresariales. Así, por ejemplo, como consecuencia de las últimas reformas del IRPF y del Impuesto de Sociedades van a ser esas rentas altas las que dejarán de pagar 446 millones de euros; 446 millones que les regalan a los más ricos. De verdad que no es serio.

Sin querer abrumar a base de números, otro dato: si en la CAPV existiese la misma presión fiscal que en la media de la UE, las arcas públicas ingresarían 4.028 millones de euros. En Nafarroa 892. Casi nada. Datos que vienen a corroborar que otra política fiscal es perfectamente posible. Por no hablar del fraude y de su inexistente control. A los amigos no se les fiscaliza, se les deja hacer. Esa es la máxima de las haciendas vascas en ese terreno.

El pasado 13 de Noviembre militantes de ELA se concentraban ante el Kursaal de Donostia. Se celebraba una jornada sobre fiscalidad organizada por las haciendas vascas a la que acudieron varias delegaciones extranjeras, además del lehendakari. Una de las pancartas con la que ELA mostraba su protesta por la política fiscal decía en inglés: «Bienvenidos al paraíso fiscal vasco». ¿Acaso no es verdad? Es evidente. Por la vía de los ingresos no hay progresividad fiscal. Lo afirma incluso Miguel Sebastián, ex asesor económico de Zapatero; alguien nada sospechoso de comulgar con muestras posiciones. Ya no se cumple eso de que paguen más quienes más ganan y posibilitar, de esa manera, «cierta» redistribución. Quienes más ganan, usan la ingeniería contable o el fraude más descarado, para no pagar y no les pasa nada. Les pasa que, paradójicamente, se benefician de las reformas fiscales que hacen nuestros políticos (gure neoliberalak). Hace pocos meses cuando criticábamos esta política antisocial y oculta -por falta de transparencia y participación social democrática- el Diputado de Hacienda de Bizkaia en un alarde de entusiasmo se defendía argumentando que ELA dice cosas que no le corresponden y que si ELA quiere hablar de esos temas «que se presente a las elecciones políticas». De los argumentos de fondo, ni una palabra. Qué impostura y qué falta de respeto. Son así. Cabría hacerle una pregunta al Sr. Diputado: ¿Pueden los empresarios hablar de fiscalidad? Porque los empresarios no sólo hablan; están seguros de que las reformas se hacen para beneficiarles.

Eso sucede en el lado de los ingresos. ELA lo ha repetido hasta la saciedad: sin una política fiscal justa los equilibrios sociales desaparecen y no es posible reducir el déficit social existente. Basta analizar el diferencial de gasto social de Hego Euskal Herria con la media de la UE. Basta observar la situación en que se encuentran la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la dependencia, la emigración...

El paro del día 15 en Osakidetza tuvo como objetivos la reivindicación de mejores condiciones de trabajo para todas las categorías y más inversión en la sanidad pública. Inversión para paliar la desidia política de un consejero que ha llevado a la sanidad pública a esta situación: déficit asistencial; desmotivación creciente del personal; cultura de lucro privado con incentivos perversos para ciertos profesionales; una administración que anima a trabajar a la vez en lo público y en lo privado; una gestión que funciona a impulsos de la propia inercia... Y, como consecuencia de todo ello, nunca el gasto privado en sanidad ha sido tan alto. Nunca como ahora, para más gloria de aseguradoras, consultas y clínicas privadas. Ese sí que es un dato objetivo. En vez de asumir su responsabilidad el consejero se dedica básicamente a insultar a los sindicatos, a hacer «contraprogramación informativa» los mismos días en que hay actos de denuncia sindical, a contratar una empresa para hacer encuestas en la que se pregunta a los trabajadores-as cómo se encuentran, a enviar una carta a los domicilios en la que les advierte que «no se dejen engañar por los sindicatos»... Formas, todas ellas, de no estar a la altura de la responsabilidad que se presume ostenta un consejero. ELA ha recordado en muchas ocasiones a este Gobierno -y lo seguirá haciendo si no cambia- que las cosas que empiezan mal, acaban mal. Y parece obvio que en lo que acontece en Osakidetza algo tendrá que ver el recurso sistemático a firmar en minoría con cualquiera.

Ese proceder ha sido, además de una irresponsabilidad antidemocrática. La sanidad vasca exige otra política, con urgencia; una política que apueste por los servicios sanitarios públicos y de calidad. Los responsables de este Gobierno deberían aceptar que la negociación de las condiciones de trabajo tiene mucho que ver con la apuesta -o no- por el sistema público. También por eso, decimos que a este consejero se le ve el plumero al comprobar con quién se alía (colegios profesionales y sindicato médico). Las alianzas reales las hacen con aquellos que tienen puestos sus intereses en la mercantilización de la sanidad, en el «negocio» sanitario.

Más gasto social, sí. Es urgente. Es la manera de evitar que nos veamos obligados a pagar por un servicio que debe ser público, de calidad y gratuito. Más control en el gasto, también. Para evitar que los intereses privados condicionen, en su beneficio, las políticas públicas. Y menos ortodoxia neoliberal y más compromiso y gasto social. En los próximos meses ELA le va a seguir dando mucha importancia al modelo de sociedad.