La iniciativa de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma está sacando a la luz casos aparentemente inconexos entre sí, pero que en el fondo reflejan la apropiación de unos edificios que históricamente han sido pagados y mantenidos por ayuntamientos y concejos. Uno de los casos más evidentes fue el de Uharte, donde el Arzobispado ha escriturado a su nombre la iglesia del pueblo a pesar de un informe de 1820 que atribuye su propiedad al Ayuntamiento. La documentación aportada en este caso por el historiador local Julio Urdin ha sido decisiva para que el Consistorio reclame este templo.

Pero no es el único caso. En Gares se está llevando a cabo una recogida de firmas entre los vecinos para que el Arzobispado devuelva las iglesias de Santiago y San Pedro, que ha escriturado a su nombre, así como terrenos contiguos que fueron utilizados como corral de vacas bravas antes de ser destinados a su actual uso de parque infantil.

De momento, son unas 300 las firmas de vecinos entregadas en el Ayuntamiento de Gares para respaldar un recurso de reposición contra el acuerdo municipal del pasado 29 de setiembre, en el que se rechazó la propuesta para que el Consistorio reclame al Arzobispado los templos y terrenos de propiedad pública que ha puesto a su nombre.

En este recurso, los vecinos recuerdan que las iglesias «son del pueblo», que su financiación se ha realizado a lo largo del tiempo mediante primicias, impuestos y auzolanes, y que las ampliaciones realizadas en estos templos se han llevado a cabo mediante obras contratadas con convenios por el Patronato (cabildo municipal y eclesiástico) y sufragadas con rentas municipales y del Gobierno de Nafarroa.

El dominio del Arzobispado sobre los inmuebles que ha escriturado se ha reflejado también en Tafalla, donde está intentando poner precio (300 euros) al propio Ayuntamiento por el uso de la iglesia de Santa María para realizar conciertos. «En agosto se cumplió el plazo de dos años desde la inscripción de las iglesias de Tafalla. Advertimos que iban a poner tasas por su utilización y algunos nos tomaron a broma. Han tardado menos de lo que pensábamos», constata Josemari Esparza, secretario provisional de la Plataforma, quien considera que «pagar por lo que es nuestro es un robo descarado». El cobro por el alquiler de iglesias ya se viene realizando también en las localidades de Erriberri y Lizarra, entre otras.

El afán lucrativo ha sido todavía más evidente en Tutera, donde la Diócesis ha vendido al Ayuntamiento la antigua iglesia de San Nicolás por 160.000 euros. El Arzobispado pretendía introducir una cláusula para que, tras la venta, no se usara el edificio para celebrar en él actos que atenten contra las creencias, costumbres y moral cristiana. Finalmente, ha renunciado a esta cláusula y se ha llevado los 160.000 euros por un inmueble que estaba cerrado al culto.

Esta antigua parroquia, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XII, fue uno de los templos románicos más destacados de la ciudad por su relevancia histórica, ya que en ella fue enterrado en 1234 el rey Sancho VII El Fuerte. Dos años más tarde sus restos fueron trasladados a Orreaga. Otro ejemplo del dominio que la Diócesis de Iruñea se ha atribuido sobre las iglesias fue la prohibición al otxote Orbela de interpretar las canciones «Maitia nun zira?» y «Ene maitia» en una parroquia de Erriberri-Olite. El propio consejero de Cultura del Gobierno de UPN-CDN, Juan Ramón Corpas, ha reconocido en el Parlamento que se trata de una potestad que se autoconcedió la Iglesia navarra.

De momento, el único caso en el que la Iglesia católica ha reconocido la ilegalidad de una privatización ha sido en el barrio de la Txantrea. En concreto, en setiembre de 2005 las Jesuitinas vendieron por 725.305 euros un solar que era propiedad de los vecinos, tal como constaba en el Registro de la Propiedad desde 1970. Los vecinos han acudido a los tribunales para reclamar ese terreno y las Jesuitinas no han tenido más remedio que abonarles esa cantidad para que retiren la demanda judicial.

Más de mil templos registrados

Según estimaciones de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en los últimos años el Arzobispado ha escriturado más de un millar de iglesias, ermitas y otros bienes en todo el herrialde, cuyo valor es incalculable. El mayor número de ellos (310) se encuentran en la comarca de Zangoza, una zona muy rica en patrimonio histórico y artístico pero muy poco poblada, lo que ha facilitado la operación privatizadora.

La Zona Media también ha sufrido este proceso privatizador. En concreto, en los últimos nueve años la Diócesis ha inscrito a su nombre 55 templos de 25 localidades. En 23 pueblos de la Merindad de Tutera se han realizado 28 incripciones, y otras 7 en Iruñea. Entre las privatizaciones de la capital navarra destacan templos tan emblemáticos como la Catedral, San Saturnino y San Lorenzo, incluida la Capilla de San Fermín, que pagó el Ayuntamiento hace tres siglos con los impuestos de los iruindarras.

Un dato significativo es que esta masiva inscripción de templos por parte de la Diócesis navarra se llevó a cabo a partir de 1998, cuando el recién conformado Gobierno español del PP eliminó el artículo 5 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de 1946, que impedía registrar lugares de culto a nombre de la Iglesia católica.

Este proceso privatizador se está llevando a cabo en todo el Estado español, pero en ningún lugar han sido detectados tantos casos como en Nafarroa. El Arzobispado está intentando justificar ante sus fieles esta apropiación argumentando que la propiedad recae en las parroquias. En una nota colocada en su día en la parroquia San Miguel Arcángel, de Larraga, se informó de que la Diócesis había inscrito en el Registro de la Propiedad este templo y el terreno donde está ubicado, y lo justificaba con el siguiente argumento: «Simplemente se ha materializado, se ha inscrito lo que ya era así desde tiempo inmemorial. El Arzobispado de Pamplona no tiene otra misión que garantizar que los fieles dispongan libre y autónomamente de sus templos. Sólo a los fieles cristianos (es decir, a la Iglesia) pertenecen sus lugares de culto y reunión. Nuestros donativos sirven para hacer reparaciones y para costear los gastos que genera el uso que damos al templo (luz, agua, calefacción, flores, formas, etc.). Además, los donativos aportados o las colectivas ordinarias son, en un cristiano, un signo de agradecimiento al mismo Dios por los infinitos bienes espirituales que recibimos de la Iglesia: la salvación de Dios. ¿De quién nos fiamos?».

Sin embargo, los historiadores que forman parte de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro aclaran que «las parroquias no tienen entidad jurídica y no pueden ser titulares de los templos, por lo que la propiedad queda en manos de la Diócesis navarra y, en última instancia, de la Santa Sede».

«En última instancia, es el Vaticano, y no la parroquia, quien va a ser titular de la propiedad, de modo que puede disponer de esos bienes para venderlos, alquilarlos, explotarlos como lugares turísticos, etcétera. Esos fines pueden ser ajenos, si no contrarios, a las necesidades de los pueblos que han construido o adquirido y conservado ese patrimonio», añaden.

Implicación de los ayuntamientos

En los últimos meses, diversos ayuntamientos navarros han tomado conciencia de la relevancia que este proceso privatizador puede tener de cara al futuro y han adoptado acuerdos plenarios para reclamar la devolución de un patrimonio que consideran propiedad de todos los vecinos.

Entre los municipios que han adoptado este tipo de acuerdos se encuentran Uharte, Berriozar, Altsasu, Aranguren, Etxauri, Burlata, Leitza, Irurtzun, Puiu, Garinoain, Garisoain, Auritz y Untzue. Curiosamente, en algunos casos las mociones presentadas por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro han sido apoyadas incluso por concejales de derechas. Una excepción ha sido Corella, cuyo Ayuntamiento ha acordado no pedir la titularidad de las iglesias del Rosario y San Miguel, que el Arzobispado ya ha inscrito a su nombre. Alternativa Corellana Independiente (ACI) se está planteando recoger firmas entre los vecinos para reclamar la devolución de ambos templos.

Según la legislación vigente, una vez que han transcurrido dos años desde la inscripción de estos inmuebles, el Arzobispo adquiere la potestad de venderlos a terceros, por lo que en ese caso la recuperación es mucho más complicada. No obstante, los portavoces de la Plataforma informan de que, aunque haya transcurrido ese tiempo, existe la posibilidad de reclamar los inmuebles privatizados, ya que se trata de «bienes imprescriptibles».

«Los bienes de dominio público, como las tierras comunales, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que debe permitir en todo caso su recuperación, una vez acreditada esa naturaleza», puntualizan desde la Plataforma.

El afán privatizador por parte de la Iglesia católica en todo el territorio navarro no se ha limitado sólo a los inmuebles, sino también a sus contenidos, cuyo valor histórico, artístico, cultural, simbólico y económico es en muchos casos muy superior al del templo en sí. Al igual que ha ocurrido con algunas iglesias, existen casos de venta de estos contenidos. Así ocurrió en Artaxoa, donde muchos vecinos se indignaron al enteresarse de que el Arzobispado había decidido vender el órgano que estaba en la iglesia de Santa María.

A este respecto, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro deja claro que el registro de un inmueble implica la titularidad del mismo, pero no de los bienes que se encuentran en su interior. Además, recuerda que algunos edificios históricos y monumentales que la Iglesia navarra ha puesto a su nombre están recibiendo subvenciones millonarias para su restauración por parte del Gobierno de Nafarroa, como ha ocurrido con la Catedral de Iruñea, la Catedral de Tutera, la iglesia-fortaleza de Uxue o el propio cerco de Artaxoa.