Apartir de las 9.30 de hoy está previsto que comparezcan en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional los siete donostiarras que faltan por declarar ante el juez Fernando Grande-Marlaska, después de que el miércoles fueran encarcelados en Soto del Real a la espera de su toma de declaración. Ese mismo día, al filo de la medianoche, el magistrado ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los primeros ocho jóvenes que declararon en el tribunal especial español, después de que los quince fuesen arrestados por la Policía española a primera hora del martes.

Mikel Bargas, Asier Mariezkurrena, Mireia Motxales, Iker Egido, Breogan Fernández, Igor Alvarez y Urko Pikaza se verán hoy las caras con Grande-Marlaska, después que el juez bilbaino forzara su arresto, el martes, cuando pretendían presentarse en la Audiencia Nacional de forma voluntaria. Junto a estos siete, también fueron detenidos otros ocho jóvenes -Aitor Olaizola, Oier Lorente, Adur Fernández, Beñat Apalategi, Imanol Bizente, Nahikari Otaegi, Ion Imanol Igal u Urko Labaka- que ya han sido enviados a prisión.

Contra todos ellos pesaba una orden de búsqueda y captura desde el 7 de noviembre, después de que la Policía española invadiera sus domicilios en el que sería el segundo capítulo de la razia policial ordenada por el tribunal especial y argumentada por el Ministerio del Interior. Un ministerio que, con su máximo responsable, Alfredo Pérez Rubalcaba, en primer término, participó desde el inicio en un espectáculo mediático en el que como viene siendo habitual cuando de este país se trata, las «fuentes policiales» coparon las páginas de la mayoría de los medios la mañana siguiente.

Panfletos, DVDs y cohetes de fiestas

Desde el momento en el que la Policía española irrumpió pasada la una de la madrugada del 30 de octubre en el domicilio familiar de siete donostiarras, -Mikel Arretxe, Jon Sardón, Unai Pérez, Peio Lamarka, Ekaitz Ibero, Egoi Alberdi y Julen Garmendia-, por parte del Gobierno español no dejaron de aludir al «descabezamiento» de «los responsables de los actos de kale borroka» realizados en Donostia en los últimos meses.

Si eso ocurría en el minuto uno de la redada, para el segundo las informaciones escritas desde Madrid ya apuntaban a lo que verdaderamente les interesaba: los arrestados componían, además, según su versión, la estructura de Segi en Donostia. Un argumento que también fue llevada a todos los titulares de los medios de comunicación en el segundo operativo policial desarrollado en la capital guipuzcoana -que se llevó a cabo una semana después- o, incluso, durante estos días tras el encarcelamiento de ocho donostiarras en la prisión de Soto del Real.

Rubalcaba no tuvo reparos al afirmar que este operativo tenía un «significado especial, porque, además de dar por desarticulada a la organización juvenil Segi en Donostia, «se quería evitar que la cantera de ETA campe por sus respetos, además de poner fin a la sensación de impunidad que envuelve los actos de kale borroka». Y para sustentar el «éxito policial» se refirió a varias pruebas «inequívocas»: La página web del Ministerio español mostraba cuatro fotografías, en las que solo se distinguía a uno de los detenidos, mientras se daba cuenta de que las FSE habían encontrado panfletos contra el TAV -elemento recurrente en las últimas operaciones-, DVDs de Segi o cohetes pirotécnicos de la Comisión de Fiestas de Intxaurrondo, que fueron presentados como «armas de la kale borroka».

Célula «perfectamente organizada»

Grande-Marlaska recoge todas esas «pruebas policiales» en el auto de encarcelamiento de los ocho jóvenes, en el que insiste en que estos formaban parte «de una célula perfectamente organizada» que se repartían en diferentes barrios de la capital.

Y todo ello, como es uso y costumbre en la Audiencia Nacional española, con unas pruebas contra ellos del mismo peso que puede tener el aire contaminado. Viciado, por las presiones y malos tratos contra los primeros jóvenes detenidos, que los forzaron a realizar autoinculpaciones o acusaciones contra terceras personas.

Cuando en la madrugada del 7 noviembre arrancó la segunda parte del operativo policial con las detenciones de Martin Mendizabal, Ekaitz Ezkerra, Jon Etxeberria e Iñaki Coloma y el registro de una veintena de domicilios, varios locales y las herriko tabernas de Intxaurrondo, Loiola y Amara Berri, los medios españoles los señalaron como «jefes de Segi y la kale borroka» de Donostia.

El diario «El País» los llegó a tachar de «dinamizadores y reclutadores de aprendices de terrorista». En cambio, «ABC» calificaba el operativo como «una operación de limpieza para liberar a la sociedad de las razias protagonizadas por los terroristas callejeros». Unos titulares que, siendo similares en casi todos los medios, cayeron en saco roto días después con su puesta en libertad.

Si el 3 de noviembre, Grande-Marlaska, liberaba a Sardón y Garmendia y encarcelaba a Arretxe, Lamarka, Ibero, Pérez y Alberdi en Soto del Real-prorrogó en cinco días más la incomunicación para estos cinco jóvenes-, el 10 de noviembre, un magistrado diferente, el juez Fernando Andreu, ponía en libertad a los cuatro detenidos en la segunda parte de la operación. Andreu incluso desoyó la petición fiscal de prisión para Martin Mendizabal por contar éste con una declaración policial autoinculpatoria de la que se retractó en la Audiencia Nacional española.

Después de casi un mes, quince jóvenes que eran buscados por las FSE se personaron de forma voluntaria en el tribunal especial el martes pasado. Grande-Marlaska forzó la detención de todos ellos en las escalinatas del tribunal dando pie a un «show» en plena calle Génova con los donostiarras colocados en fila contra la pared de la AN, mientras las idas y venidas de todo tipo de policías no cesaba. De ahí fueron enviados a la comisaría de Canillas, del que salieron el miércoles para hacer frente a más de 10 horas de comparecencia ante al magistrado.

«Pertenencia a banda armada», «un delito continuado de estragos» y «daños terroristas» son los delitos que les achaca a ocho de los quince jóvenes. Aunque el juez de la Audiencia Nacional haya satisfecho las necesidades mediáticas del ministro, en Donostia todos saben que éste no es más que otro capítulo de un montaje prefabricado.