La orden de detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Nacional contra nueve jóvenes el pasado 13 de diciembre para cumplir penas de 2 años supone «un salto cualtitativo en su dinámica represiva», porque no se ha respetado el acuerdo alcanzado entre las partes y rompe con la trayectoria de suspender la ejecución de penas menores de dos años, según denunció ayer la abogada Arantza Zulueta.

Dos de ellos, Igor Zearreta y Egoitz Fernández, fueron detenidos el lunes por la Ertzaintza -no por la Guardia Civil tal y como como se informó por error- y se encuentran encarcelados en la cárcel de Basauri. Sobre los otros siete pesa una orden de detención y, aunque podrían ser detenidos en las próximas horas, asistieron a la rueda de prensa para dar a conocer lo sucedido a consecuencia de una operación desarrollada por la Guardia Civil en Bizkaia entre 2004 y 2005.

Estado de excepción encubierto

Zulueta explicó que se había alcanzado un pacto «con la Fiscalía y con el visto bueno de los jueces» para que ninguno de los 19 procesados en el juicio celebrado en junio que se encontraban en libertad entrara en prisión, mientras que a los que estaban encarcelados se les impondría una condena mínima. «Además, se acordaron cinco absoluciones y a la Fiscalía y al tribunal les daba igual quienes fueran», reveló.

La abogada de los jóvenes dijo a este respecto que aceptaron el «chantaje» que suponía el pacto a pesar de que sabían que no había pruebas y que todo el caso se basaba en declaraciones obtenidas bajo tortura en dependencias policiales.

Zulueta aseguró que estos últimos hechos vuelven a demostrar que «estamos en condiciones de denunciar un Estado de excepción encubierto en Euskal Herria porque la limitación y suspensión de los derechos fundamentales se hace a través de resoluciones judiciales y para ello se utiliza a la Audiencia Nacional y a los jueces». En este sentido, añadió que «en esta espiral represiva» el tribunal especial ha demostrado que «está dispuesto a todo para reprimir a Euskal Herria y a los ciudadanos vascos». «Ya no cumplen ni la ley ni la palabra», sentenció.

En nombre del movimiento pro amnistía, Asier Birunbrales señaló que el hecho de que un pacto jurídico se deje sin valor meses después de alcanzar el acuerdo demuestra la «utilización política de una Audiencia Nacional que está a merced de los aparatos del Estado». A su vez, denunció que el PSOE tiene como objetivo «hacer desaparecer este pueblo» y agregó que ha encontrado aliados en representantes políticos como Joseba Azkarraga o Juan José Ibarretxe que, según sostuvo, pese a que hablan del respeto a los de derechos humanos callan ante este tipo de situaciones en las que «con total impunidad se tortura y se encarcela a personas».