Los herederos de la Condesa de Gendulain, propietarios del terreno donde se quiere construir una nueva ciudad con más de 15.000 viviendas, realizaron en su día una escritura de segregación de 2,3 millones de metros cuadrados que luego vendieron a la empresa Desarrollo Sostenible, sin contar para ello con la correspondiente licencia municipal. El Ayuntamiento de la Cendea de Zizur acordó entonces (noviembre de 2006), imponer una multa de 40.000 euros a los responsables de esta operación, por realizar una «parcelación urbanística en suelo no urbanizable».

Los antiguos propietarios del terreno donde está prevista la construcción de esta nueva ciudad presentaron un recurso contra esta sanción, cuya sentencia se ha conocido ahora. En concreto, el magistrado Francisco Javier García Gil, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Iruñea, ha rechazado el recurso y da validez a la sanción impuesta.

En su sentencia, el Juzgado afirma que comparte la tesis del Ayuntamiento de la Cendea de Zizur, y además le reconoce la potestad para imponer sanciones por infracciones urbanísticas. En concreto, el magistrado argumenta que si el Ayuntamiento es la entidad competente para otorgar la licencia de parcelación, «también ha de serlo para sancionar la realización de la misma sin licencia».

Los propietarios del terreno sostenían que el Ayuntamiento no tenía competencias en este campo, sino que la potestad sancionadora le correspondía al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Es decir, al mismo departamento que se había puesto de acuerdo con los promotores para construir la futura ciudad de Gendulain.

Por todo ello, el Juzgado desestima el recurso presentado por los herederos de la Condesa de Gendulain contra esta multa de 40.000 euros, lo que viene a ratificar la decisión sancionadora del municipio.

Operación desde la ilegalidad

Enrique Miranda, arquitecto y concejal de la candidatura Erreniega en el Ayuntamiento de la Cendea de Zizur, ha valorado que esta sentencia tiene repercusiones más allá de la sanción impuesta a los propietarios de los terrenos.

«El tribunal reconoce que, cuando los promotores de Gendulain presentaron la escritura de compra-venta en el concurso de suelo público del Gobierno de Navarra, se había hecho cometiendo una infracción urbanística. Es decir -explica este concejal-, el Gobierno ha comprado unos terrenos basándose en una infracción urbanística de los propietarios originales».

Por ello, Enrique Miranda se pregunta «cómo pretende el Gobierno que cualquier vecino cumpla la ley si ellos compran unos terrenos basándose en infracciones urbanísticas».

Cabe recordar que la escritura de la segregación de 2,3 millones de metros cuadrados del Señorío de Gendulain se firmó sólo dos semanas antes de que finalizase el plazo para que los promotores de las viviendas, que habían comprado tres de los cinco millones de metros cuadrados de la finca, presentaran su oferta ante el Gobierno de Nafarroa. Este había exigido que los participantes en el concurso fueran propietarios del suelo ofertado.