Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) señala que el Estado español, Australia, Luxemburgo y Gran Bretaña, deben afrontar reformas para reducir el número de beneficiarios de prestaciones por enfermedad e invalidez, e integrarlos en el mercado laboral.

El informe revela que los miembros de la OCDE gastan el doble en prestaciones por enfermedad e invalidez que en subsidios de desempleo. «La mayor parte de las personas que comienzan a pedir prestaciones de invalidez no vuelven a trabajar. Sin embargo, con una formación adecuada y el asesoramiento requerido, muchas de esas personas preferirían ocupar un empleo y ganar un salario», indica.

El estudio resalta que la aportación de estos trabajadores es «indispensable para consolidar los sistemas fiscales y de protección social pública».

En el caso del Estado español, el informe recomienda el desarrollo de ayudas al empleo, así como a la readaptación y a la colocación de las personas con minusvlía. Señala, asimismo, que la descentralización ha provocado problemas de coordinación entre servicios de empleo, transferidos a las comunidades autónomas, y el sistema de seguridad social, cuya gestión mantiene el Gobierno español.

La OCDE recomienda el desarrollo de ayudas a la readaptación y a la colocación de las personas que han sufrido una invalidez, así como proceder a reformas que hagan que volver a trabajar sea interesante para los afectados. Reconoce que ha mejorado el seguimiento de las bajas, pero señala que «habrá que hacer más para ayudar a las personas con una incapacidad a encontrar un trabajo».