La detención de la mahaikide Marije Fullaondo viene a confirmar que la estrategia del Gobierno del PSOE para Euskal Herria pasa por acallar al sector más activo del independentismo vasco. El arresto de la representante abertzale se producía camino de su domicilio, y unas horas después de que Fullaondo fuera entrevistada en una emisora de radio pública. El dato no es irrelevante, porque hasta a la persona de mente más adormecida le debería extrañar a estas alturas que se arreste a ciudadanos sobre los que se descarga toda una batería de argumentos criminalizadores... mientras estos se encuentran en sus domicilios, en sus centros de trabajo, o en el desarrollo de sus actividades cotidianas. En una actitud de absoluta normalidad que para nada encaja con los perfiles que se les atribuyen. Lo que más bien excede los parámetros de la normalidad (democrática) son otros comportamientos, procedentes de los poderes públicos.

Efectivamente, desde que se produjera la «operación de Segura», en la que fueron detenidas una veintena de personas vinculadas a Batasuna, entre ellas la mayoría de los dirigentes de esta formación, se ha sometido a Marije Fullaondo y a otros destacados militantes de la izquierda abertzale a un marcaje policial que, de aplicarse, por plantear algunos ejemplos, a maltratadores de mujeres sobre los que pesan órdenes de alejamiento o a empresas que incumplen la Ley de Riesgos Laborales, tendrían posiblemente el efecto positivo de impedir auténticos delitos e incluso alguna muerte.

Ha querido no ya la casualidad sino el ahínco de un gobierno que no fue capaz de encauzar una solución que privara a su propia ciudadanía del sufrimiento que lleva aparejado este largo conflicto que la detención de Fullaondo se haya producido a unas horas de que en Madrid se proceda hoy a la lectura de una sentencia con penas globales «de tres dígitos» para los procesados en el macrosumario 18/98. El ciclo de la mordaza abierto por Aznar alcanza sus mayores niveles de irracionalidad política con Rodriguez Zapatero.