La nueva Ley de Cine nació de la mano de la anterior ministra española de Cultura, Carmen Calvo, su principal defensora, y ha recibido el empujón definitivo con César Antonio Molina como titular del departamento. Del desencuentro inicial al acuerdo ha pasado un año de negociación, tres enmiendas a la totalidad y más de 150 enmiendas parciales incluidas de las 400 presentadas en ambas cámaras.

En el último Pleno de la legislatura, el Congreso lo ha dado por zanjado, incluyendo cinco de las seis enmiendas aprobadas en el Senado, pues se ha quedado fuera una propuesta de CiU que había provocado rechazo entre los directores de cine. Así, finalmente, para que un filme tenga la nacionalidad española, el director debe ser ciudadano comunitario. Las enmiendas incluidas en el trámite parlamentario permitirán la creación de un nuevo fondo para el cine en lenguas cooficiales; un programa de ayudas para el sector de la animación y otro para que los exhibidores afronten la reforma tecnológica de las salas, así como medidas que faciliten el acceso de los discapacitados al cine y la promoción de salas municipales que proyecten filmes de calidad.

El proyecto de Ley nació el 28 de diciembre de 2006 pero encalló nada más iniciar su andadura cuando las televisiones privadas se negaron a invertir un uno por ciento más en cine y los exhibidores rechazaron el texto. Ambos sectores siguen mostrándose reticentes.

Se solventó una primera negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas manteniendo su obligación de invertir en cine el cinco por ciento que estableció el real decreto de 2004 -recurrido por UTECA alegando inconstitucionalidad y sobre el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo- y a la espera de una futura Ley de lo Audiovisual.

Rechazo en Euskal Herria

Asimismo, y como medida de protección frente al cine estadounidense, se mantuvo la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero se introdujo «cierta flexibilidad», al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.

Los exhibidores no aceptan esta medida, al igual que reclaman que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas y establezca sistemas de protección frente a las grandes distribuidoras internacionales. Víctor Villanueva, del Circuito Coliseo bilbaino, lamentaba ayer en declaraciones a GARA que las reivindicaciones de este sector no hayan sido atendidas. Así, siguen siendo las mismas: una compensación a las salas por la imposición de una cuota de pantalla, que se limite el abuso de las majors americanas y que se establezcan plazos mínimos de exhibición en sala para proteger al cine.

Desde el principio, el proyecto de ley se empleó en definir la figura del productor independiente y en las desgravaciones fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual a la producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero. Establece un aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía.

La agrupación Cineastas contra la enmienda ha manifestado su satisfacción por la definitiva aprobación de la Ley de Cine, mientras que la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas y la Federación de Cines de España siguen discrepando. UTECA considera que esta ley «tiene los mismos defectos que la anterior: no está hecha para crear una industria cinematográfica española, sino para otorgar más dinero a los de siempre, coeficientes de inversión obligatoria y una nueva fiscalidad para los inversores que será neutra para las televisiones privadas».