La internacionalización del conflicto vasco no ha ido como cabría desear por una toma de conciencia respecto a los derechos del pueblo vasco o por una resolución de la ONU en ese sentido. Todavía no estamos en esa fase. Esa internacionalización ha venido de la mano de la represión. Así, la aplicación de la euroorden y los procesos de extradición se han intensificado y extendido no sólo en países iberoamericanos, sino incluso en los anglosajones (Reino Unido, Canadá...).

Después de la ruptura de proceso político, el ministro español del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba anunció a despecho que la cifra de la represión en Euskal Herria se elevaría a un dígito de tres cifras. Es de suponer que la inminencia de las elecciones legislativas es para el partido en el gobierno un acicate para convertir detenciones arbitrarias en puntos porcentuales en el resultado de las elecciones. O sea, que todos los frentes están abiertos. La sentencia del macrojuicio del llamado sumario 18/98 desgraciadamente lo confirmar.

El episodio de Capbreton no ha hecho más que avivar las tensiones y otorgar más protagonismo al Estado francés. Bajo la onda de choque de dos muertes «inesperadas», la prensa ha intentado ocultar otra realidad: la presencia atosigadora desde hace muchos años de centenares de guardias civiles y otros cuerpos menos reconocibles en las calles de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Lo que la prensa silencia es que esos guardias civiles «en tareas de información» pertenecen a un cuerpo militar que tortura salvajemente. La «repentina» presencia de centenares de guardias civiles en el suroeste francés, que nosotras y nosotros los refugiados políticos vascos vivimos a diario, ha sorprendido en la opinión pública francesa. Sorprende porque consideran la República francesa una «nación» soberana, y el hecho de que cientos de integrantes de un cuerpo militar que aquí se asocia todavía a un pasado franquista se paseen a sus anchas les inspira, además de miedo, mucha desconfianza sobre la Europa de la seguridad que se está construyendo a sus espaldas y sin su permiso.

Mención especial merecen las declaraciones de Nicolás Sarkozy: «los enemigos de España son nuestros enemigos». Manera elegante de mostrar solidaridad, pero sobre todo de ocultar que bajo administración francesa también la reivindicación de los derechos de Euskal Herria se hacen notar cada vez de manera más masiva y elocuente.

En este contexto, es interesante analizar las palabras de Jean-Claude Marin, fiscal general de París, que ya antes del suceso de Capbreton anunciaba un endurecimiento de las penas en el Estado francés, y hacía un análisis que contradice otras declaraciones de mandatarios franceses durante el último proceso político. Decía que las autoridades francesas, basándose en que lo de la «lucha armada es un problema de España (Sarkozy dixit)», nunca han rebajado la presión. Esta declaración confirma que el gobierno francés, pese a su pretendida neutralidad, no está a favor de una resolución política y democrática del conflicto, y es el tercer vértice del triangulo en el conflicto.

Asimismo, los ataques al Colectivo de Refugiadas y Refugiados políticos en el Estado francés y a lo largo del mundo se han multiplicado. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional ahondaba en este frente cuando en el cuarto punto de su hoja de ruta judicial recomendaba textualmente: «Activar los procedimientos judiciales que permitan la entrega a la Audiencia Nacional todos aquellos reclamados por ese tribunal que tengan causas pendientes por delitos que no hayan prescrito». Entre los países en los que se trataría de localizar a estas personas Javier Zaragoza citó Francia, México, Venezuela, Cabo Verde y Uruguay. Como se ve, viejas recetas para viejos problemas. Lo que no ha dado resultado durante más de cuatro décadas no puede prosperar. El verdadero problema para el gobierno ZP es que la existencia de nuestro Colectivo es una permanente denuncia internacional del carácter antidemocrático del Estado español. No hace falta ser experto en geopolítica para saber que los conflictos políticos no resueltos derivan frecuentemente en conflictos armados y éstos producen desplazamientos de población y refugiados políticos. Parecería iluso quien pretendiera hacer desaparecer nuestro colectivo alimentando constantemente el conflicto. Castigar colectivos que se mantienen firmes en sus convicciones puede probablemente saciar la sed obcecada del PSOE y del PP, pero no ayuda en absoluto a avanzar en la resolución del conflicto.

Para despedirnos, queremos saludar calurosamente a todas las personas que desde la calle o desde las diferentes trincheras creen en el futuro de Euskal Herria, y especialmente a las refugiadas y los refugiados políticos vascos que a miles de kilómetros de distancia tienen fe en la construcción de Euskal Herria. Irabaziko dugu!