El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja expresó su rechazo a la reforma de la OCM del vino, tras comprobar que no se recogen las reivindicaciones de Rioja, en un pleno reunido ayer bajo la presidencia de la directora general de Industria Agroalimentaria y Alimentación del Ministerio español, Almudena Rodríguez, que tuvo que escuchar las críticas de la denominación.

El órgano rector de la DOC Rioja entiende que la reforma no recoge las reivindicaciones en materia de plantaciones de viñedo, etiquetado y promoción, que han sido compartidas por todas las denominaciones de origen comunitarias.

El Pleno lamentó «la falta de sensibilidad de la Unión Europea y de compromiso en la delegación española para defender las posiciones de Rioja, en especial en materia de plantaciones de viñedo».

La reforma prevé que las limitaciones a la plantación de viñedos se eliminen a finales de 2015 y permite a los Estados restringirla hasta el final de 2018. Las denominaciones ven en esta liberalización una amenaza a sus producciones de calidad.

El Ministerio no ve peligro

La directora general subrayó que el artículo 57 de la reforma permitirá a los consejos reguladores controlar el potencial vitícola de su territorio más allá de 2018. Almudena Rodríguez recalcó que «no hay peligro para Rioja» en este sentido.

Sin embargo, el presidente del Consejo, Víctor Pascual Artacho, afirmó que el artículo 57 no convence al sector vitivinícola riojano y puntualizó que lo establecido en el mismo está más orientado a «mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda que a limitar la liberalización de plantaciones».

Añadió que, por lo explicado por la directora, «parece que en el año 2012 se hará un estudio de impacto del desarrollo de esta reforma -que entra en vigor en agosto de 2008- y que es posible que en entonces se alargue el período de restricción de plantaciones».

Ante estas dudas, el pleno del Consejo exigió al Ministerio de Agricultura que asegure a la DOC Rioja cuál va a ser el sistema por el que se va a poder blindar el potencial productivo en las denominaciones de origen, como se ha manifestado públicamente por parte del propio Ministerio.

Delegados sindicales de LAB en BBVA protestaron ayer ante las oficinas de Gran Vía 12 para denunciar el nuevo intento de la dirección del banco por trasladar a Madrid los servicios administrativos centrales. Se perderían mil puestos de trabajo, a la vez que se subcontratarían en Madrid y Málaga con bajos salarios .