La matanza de 45 indígenas tzotziles perpetrada en Acteal, en Estado mexicano de Chiapas, cumple hoy diez años entre denuncias de que persiste la impunidad de los gobernantes y con dudas sobre el proceso que llevó a la cárcel a 70 personas.

Una década después de los hechos, a los que siguió una deficiente investigación y veintisiete órdenes de arresto aún sin cumplir, los familiares de las víctimas rechazan que se tratara de un «conflicto intercomunitario».

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas refugiados que oraban en Acteal fueron atacados por paramilitares que acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad pacifista de «Las Abejas»: veintiún mujeres, cuatro de ellas embarazadas, quince niños y nueve ancianos.

Los disparos duraron unas seis horas sin que la Policía del Estado ni militares que estaban cerca de la zona hicieron nada por frenar una tragedia, de la cual sólo hay cuatro autores confesos.

Los agresores eran simpatizantes del PRI, en el Gobierno del Estado, y estaban enfrentados con sus víctimas, indígenas desplazados de un estado dividido desde 1994 entre simpatizantes y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado en armas aquel 1 de enero.

Las tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual.

Decenas de sospechosos fueron arrestados y en agosto de 2006 condenados a penas de hasta 25 años de cárcel por un juez federal.

Activistas y ONG lo consideran un «crimen de Estado», del que acusan como responsables últimos el ex presidente Ernesto Zedillo y a Ferro.