La estrategia del Estado español pasa por someter a la izquierda independentista a una operación de acoso tal que un sector que es referencia obligada en la historia política de los últimos cuarenta años sienta que le falta oxígeno, ese elemento imprescindible para que el cerebro siga funcionando. Se trata de aplicar esa «bolsa» que le colocaron medio centenar de veces al día al durangarra Gorka Lupiañez, sobre un colectivo social y político que, pese a todos los ensayos habidos, no ha hincado la rodilla en tierra para rendir pleitesía al Estado constitucional y a su apéndice autonómico. Es más, en pleno akelarre represivo, los independentistas no sólo no se esconden en las cavernas, sino que se muestran a la luz y asumen el riesgo de pagar las iras de un Estado confiado en exclusiva a la lógica de la persecución policial de los proyectos políticos.

La «bolsa» provoca asfixia, desorientación, miedo. Pero, contra los deseos de quien emplea ese instrumento de tormento, activa en el torturado el ímpetu más primario de supervivencia, le empuja a buscar la bocanada de aire que le permita recobrar el aliento, y recuperarse físicamente para de inmediato volver a hacerse con la fuerza para razonar. Es esa la gran victoria del torturado, y la derrota de un verdugo condenado a asistir a la reconstrucción del ser humano al que trata de aniquilar.

El Estado somete a la «bolsa» al independentismo, y acumula operaciones policiales, sentencias desorbitadas, anuncios de ilegalizaciones... en un frenesí que busca resultados inmediatos, efectos a corto plazo en forma de simulada derrota del que presenta como un peligroso enemigo a punto para el sacrificio final. El argumento no deja de ser un remake de épocas pasadas, en las que se empleó el terrorismo de Estado, se ideó la dispersión, se aplicó el castigo económico, se firmaron pactos de exclusión política, se reformaron códigos penales... Todos esos mecanismos resultaron insuficientes y ahora se aderezan de otras medidas, en forma de ilegalizaciones de partidos y organismos políticos y hasta de encarcelaciones masivas de «terroristas desarmados».

La sentencia del 18/98, como ocurrirá con la Ley de Partidos, puede convertirse en un arma con efecto boomerang, puede terminar por golpear al que con más prisas que inteligencia ha abierto fuego contra los sectores más activos del independentismo vasco.

Un juicio político, una ofensiva política

Las condenas a la carta servidas tras un juicio político en el que no se han respetado las mínimas garantías judiciales son difíciles de digerir incluso para los sectores que en el día a día buscan el encuentro con el partido que hoy gobierna en el Estado, en la esperanza de poder estabilizar un nuevo escenario político en el que sigan a buen recaudo los intereses que dejan traslucir los pactos de presupuestos o los proyectos de construcción de grandes infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad o el Superpuerto de Pasaia, por mencionar sólo dos de ellos. A excepción de PP y PSOE, todas las formaciones con presencia en la vida política vasca se dieron cita en el diagnóstico compartido de que no se puede consentir que a los vascos y a las vascas se las detenga, enjuicie y encarcele siguiendo los impulsos del gobierno de turno y con el claro objetivo de perseguir ideas políticas. Oportuno el análisis y más si cabe el llamamiento que le acompaña de exigir la desaparición de la Audiencia Nacional. Una exigencia que ha marcado históricamente el discurso de la izquierda abertzale pero que impregna a día de hoy incluso a ámbitos institucionales.

Sin embargo, una cosa es la penetración del discurso y otra diferente que por asumir como propio un planteamiento se esté dispuesto a aceptar los cambios en el comportamiento político cotidiano que implica el nuevo compromiso expresado ante la ciudadanía. Lamentablemente, los partidos que componen el Gobierno de Lakua se reafirman, prácticamente a cada comparecencia semanal de su portavoz, Miren Azkarate, en el respeto del estado de derecho y a las decisiones que emanan de los tribunales, o en boca de su consejero de Interior, Javier Balza, en la defensa de la aplicación por la Ertzaintza de una legislación especial que permite la incomunicación -y la tortura- y contribuye a que siga el paseíllo de los vascos hasta esa Audiencia Nacional cuya disolución se pide al calor del malestar creado en amplios sectores de la sociedad vasca por el encarcelamiento injusto de ciudadanos que se han empleado con medios exclusivamente civiles en la defensa del proyecto de independencia para Euskal Herria.

Estamos, ya nadie puede ponerlo en duda, ante una situación de urgencia nacional, y en un contexto del todo excepcional se impone adoptar una política de hechos que no deje lugar a dudas sobre el grado de compromiso de todos y cada uno de los agentes políticos y sociales que se sienten concernidos en la tarea de llevar a Euskal Herria a un escenario de respeto de derechos.

La expresión unitaria de rechazo ante la injusticia debe dar paso a un desafío real a un Estado que trata de taponar la vía de la autodeterminación de Euskal Herria.