En 2002, el por entonces consejero de Medio Ambiente de Lakua, Sabin Intxaurraga, daba a conocer la autoevaluación realizada por su propio departamento para conocer el estado medioambiental de la CAV. ¿El resultado? Suspenso. Como si de una señalización semafórica se tratara, de los 31 indicadores ambientales, 11 estaban en rojo, es decir, las cosas no iban bien; 9 en verde, las cosas iban bien; y el resto, en amarillo, las cosas no iban lo bien que debieran. Cinco años después, su sucesora en el cargo, Esther Larrañaga, se atreve a autocalificar la actual situación medioambiental. ¿Su nota? «Entre un seis y un seis y medio». Es decir, aprobado.

Así respondió, ayer, en la presentación del avance de lo que es el informe sobre Indicadores Ambientales de la CAV 2007, a la pregunta de qué nota pondría ella al estado actual de nuestras emisiones contaminantes, calidad del aire o agua, artificialización del suelo o mantenimiento de la diversidad biológica, entre otras variables analizadas. Una visión general de sólo once de esos indicadores revela que las cosas van mejorando, pero que sigue habiendo un verdadero talón de aquiles: el modelo de gestión de la movilidad.

Lejos de frenarse, el uso del automóvil privado sigue al alza. El semáforo amarillo del anterior informe se ha tornado rojo en este último. Hasta cuatro puntos ha aumentado la utilización del coche en los últimos cuatro años, lo que hace que el «pequeño» incremento en la opción del transporte público «quede lastrada». Otro tanto sucede con al traslado de mercancías: por carretera circula el 87%; por ferrocarril, el resto.

Sobre la mesa de la consejera está la futura Ley de Movilidad Sostenible u otras medidas como los programas de movilidad que deberán aprobar los municipios de más de 10.000 habitantes, el próximo Plan de vías ciclistas o la potenciación de los vehículos ecológicos. Y en la recámara, el globo sonda lanzado sobre el cobro de un peaje de acceso a las capitales.

Cuando el departamento de Larrañaga presente la globalidad de su informe 2007 es posible que aparezcan más suspensos -seguramente en materia de ruido o en la generación de residuos peligrosos- pero, de momento, este avance evidencia que algunos indicadores relevantes han flojeado. Por ejemplo, los de la calidad del aire y el agua, que en el informe anterior venían marcados con color verde y en éste ha tornado a amarillo, es decir, que en algunos parámetros se ha empeorado.

En el caso de la calidad del agua, ha habido un «ligero estancamiento» en cuanto a los ríos; en la aguas costeras la tendencia es buena, pero en los estuarios es negativa, debido en este último caso a la «presión industrial, urbanística y portuaria», según Larrañaga.

Menos hectáreas ocupadas

En lo que se refiere al consumo responsable de los recursos naturales de los que disponemos, la buena noticia es que el gasto de agua sigue una tendencia a la baja. Lo malo es que se sigue consumiendo más energía (+15%), suelo (+12%) y materiales (+9%). En el lado positivo está que parecen empezar a calar las medidas de ahorro energético.

En cuanto a la generación de residuos, cada ciudadano de la CAV produce unos 545 kilos anuales de media, frente a los 560 del año 2005. También es positiva la tendencia en lo que a reciclaje se refiere (siete puntos más que en 2000) y lo que va a parar a los vertederos.

Pero si un parámetro sorprende en este nuevo informe es el giro de 180º que ha dado la evolución en la denominada artificialización del suelo. Entre los años 1994 y 2004, la superficie artificializada en la CAV había aumentado un 20% o lo que es lo mismo, un tamaño superior a los municipios de Bilbo y Errenteria juntos. Hasta ahora, este indicador siempre había venido marcado en rojo, pero esta vez su verde llama la atención.

Durante el último periodo analizado, las hectáreas que han sucumbido a la acción urbanística, sea residencial, de equipamientos o de infraestructuras, fueron 273, lejos de las 1.635 de dos años antes o las 401 del anterior. ¿Una tendencia a la baja? Los responsables de Medio Ambiente creen que las medidas que se empezaron a adoptar hace tres o cuatro años están empezando a dar sus frutos, aunque «los resultados son lentos, porque los propios planes urbanísticos municipales lo son».