La iniciativa había llegado a la Cámara de Gasteiz respaldada por más de 45.000 firmas, «después de sortear toda una serie de dificultades burocráticas», según el portavoz de la comisión promotora, Josetxu Riviere.

La Ley por una Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos plantea que la CAV destine anualmente una partida de los presupuestos del Gobierno de Lakua a cancelar deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español durante diez años; establece que el Ejecutivo no apoye ni subvencione a empresas que potencien y fabriquen armamento; y contempla medidas para impulsar el comercio justo.

En lo que respecta a la cancelación de la deuda externa que los países empobrecidos han contraído con el Estado español, Riviere estima que la aportación será de unos 34 millones de euros anuales, durante diez ejercicios, importe equivalente a condonar el 6,25 por ciento de la citada deuda externa.

«Habrá dificultades»

Riviere mostró su satisfacción por la aprobación de la Ley, aunque auguró que «habrá dificultades burocráticas para que se cumpla». No obstante, advirtió de que la comisión promotora de la ILP trabajará para sortear todos esos obstáculos y hacer que se cumpla la misma. Señaló que el procedimiento para que esta parte de Euskal Herria destine presupuesto a condonar parte de la deuda externa exige la firma de un convenio previo con el Gobierno español, en el que quedará decidido qué países reciben la ayuda.

La Ley fue aprobada después de que la víspera se registrara un empate en la votación de una enmienda del tripartito al artículo en el que se propone la firma del citado convenio. El tripartito, contrario a la firma del convenio, sumó durante la sesión de ayer 31 votos, mientras que PP y PSE, partidarios de dejar el texto de la proposición de ley tal y como estaba redactado, sumaron 32 escaños. Ezker Abertzalea, por su parte, optó por la abstención.

El tripartito planteaba en su enmienda que el Gobierno de Lakua, en el marco de su política y actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo, promueva iniciativas tendentes al alivio y cancelación de la deuda externa de estos países empobrecidos, pero sin concretar que el beneficiario deba ser el Estado español.

Finalmente, la Cámara autonómica aprobó los artículos no enmendados, así como el título de la ley, en este último caso por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.