Política de venganza. Así denominó ayer la mayoría de sindicatos vascos al tratamiento que el Gobierno español dispensa a los presos políticos vascos hace ya décadas. Y, ciertamente, es difícil desmentir esa característica de la dispersión toda vez que no resulta comprensible otro objetivo en la misma que no sea, además del aislamiento extremo de los presos en aras de conseguir su desmoronamiento, el castigo a sus familiares.

Tras 20 años de dispersión de los presos vascos, desgraciadamente no se puede hablar sólo de la posibilidad de accidentes con funestas consecuencias. Las 17 muertes de familiares de presos políticos ocurridas a causa de esa política, así como los innumerables siniestros sin consecuencias mortales, muestran la dimensión de ese riesgo, un riesgo que no se ha extinguido con la última muerte de alguien que acude a visitar a un ser querido en una lejana prisión. La muerte de Natividad Junko y las de otros 16 familiares y amigos de presos no fueron accidentes inevitables. La posibilidad de que ocurrieran había sido repetidamente denunciada, lo mismo que la posibilidad de que cualquier día ocurra otra.

La mayoría social de este país reclama, como ayer lo hicieron los sindicatos LAB, ESK, Hiru, ELB, EHNE y STEE-EILAS sumándose a las movilizaciones convocadas por Etxerat, el final de esa política que tanto dolor gratuito provoca. Es clara, sin embargo, la falta de sintonía de las instituciones vascas con la ciudadanía, en tanto en cuanto sus actuaciones no han pasado de tímidas declaraciones -en ocasiones, como en el caso de las últimas efectuadas por la portavoz de Lakua, cuando menos inoportunas-, sin que a dichos pronunciamientos haya sucedido medida alguna que incida en terminar con un castigo inhumano e ilegal inadmisible en un estado que se reclama de derecho.

Para mayor escarnio, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón emitió ayer un auto en el que instaba a la Ertzaintza a prohibir o entorpecer las movilizaciones convocadas para denunciar la muerte de Natividad Junko y la política penitenciaria española, en una muestra más de la persecución a ciertas víctimas. Quienes continuamente apelan al respeto a las víctimas niegan dicha condición a los presos e incluso a sus familiares y castigan la solidaridad para con ellos, negando los valores que en un claro ejercicio de cinismo reclaman cuando se trata de otros sufrimientos. Eso es lo que demuestran cada vez que impiden que ciertas víctimas sean recordadas en la forma que sus allegados deseen. En todo caso, y por encima de esas políticas de doble rasero, de falta de compromiso efectivo, debe resaltarse la voluntad reiterada ayer mismo por miles de vascas y vascos en las calles de acabar con la dispersión.