La abogada Adriana Arboleda y sus compañeros de Corporación Jurídica Libertad han documentado 12.000 delitos de lesa humanidad desde 2002, de ellos casi 3.500 cometidos por grupos paramilitares. Si bien «las modalidades de crimen han variado, la tasa de víctimas sigue siendo muy alta», subraya. Ahora, cuando las FARC están a punto de liberar de forma unilateral a tres de las personas que mantienen retenidas como gesto de desagravio hacia el presidente venezolano, Hugo Chávez, es clara al asegurar que el Gobierno de Uribe accedió por «presiones» a la mediación de Chávez y que tuvo que buscar un pretexto para cerrar ese proceso y evitar que éste tuviera éxito.

La actualidad política de Colombia pasa por el canje humanitario con las FARC y la polémica decisión de Uribe de zanjar la mediación de Hugo Chávez y Piedad Córdoba.

El Gobierno nunca ha querido negociar con la guerrilla ni el canje humanitario. Si Uribe accedió a la mediación de Chávez y Córdoba fue por la presión nacional y del Gobierno francés. Su idea era mostrar que su Gobierno estaba supuestamente interesado en el canje pero, en realidad, no tenía intención de llegar a ninguna parte. Fue un cálculo erróneo porque con estas intervenciones se estaban logrando avances significativos. Eso no le gustó a Uribe, no quería ver que estaba perdiendo protagonismo y se buscó cualquier pretexto para acabar con este proceso y zafarse de una propuesta que no compartía.

Además, por parte de la derecha y de los medios afines al Gobierno había una gran presión para que cesara esa intermediación porque para Colombia permitir que Chávez ganara protagonismo y tuviera éxito suponía un problema muy grande frente a Estados Unidos.

El presidente, Álvaro Uribe, alardea del «éxito» del proceso de desmovilización de los paramilitares. ¿Realidad o ficción?

Lo que realmente se ha dado en Colombia ha sido una restructuración del modelo paramilitar. En los años 80 se caracterizó por ser una fuerza criminal al servicio del Estado, que hacía el trabajo sucio que éste no podía. En los últimos años, ha estado ligado al narcotráfico. Incluso, ya se habla de narcoparamilitarismo. Controla la totalidad de la producción y comercialización de la cocaína en Colombia. Además, ejerce un control muy grande sobre el poder político. Ellos mismos dicen que controlan el 75% del Congreso, alcaldías, gobernaciones, consejos... que representan todos los espacios de participación política.

Este supuesto proceso de desmovilización paramilitar, les ha permitido legalizarse y operar de forma tranquila y con total impunidad. Los paramilitares siguen teniendo un control absoluto del país. Lo que sí han variado son algunas cifras y modalidades de crimen.

Desde 2002, hemos contabilizado alrededor de 12.000 crímenes de lesa humanidad. De esos, casi 3.500 han sido llevados a cabo por paramilitares.

No asistimos a masacres como hace diez años, sino a delitos presentados como si fueran algo «aislado», a ejecuciones extrajudiciales y al incremento de las desapariciones forzadas -en los últimos tres años, hemos documentado unas 300 en todo el país-. Lo mismo ocurre con los desplazamientos. Ya no son en grandes masas sino «gota a gota», como dicen los campesinos. Todos los días sale una familia. Cuando sumas cuántas personas han salido de un pueblo te das cuenta de que es un número realmente alto pero que no genera escándalo. La tasa de víctimas sigue siendo muy elevada.

Una representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas denunció recientemente en Iruñea el cúmulo de dis- criminaciones que se dan en Colombia, sobre todo, en el caso de las mujeres.

Las vulneraciones de derechos humanos afectan a toda la población pobre y organizada, pero la de mayor vulnerabilidad por su condición económica y cultural es la mujer. Del número total de desplazados, el 51% son mujeres. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas asesinadas son hombres. No sólo pierden a su compañero, sino que se ven forzadas al desplazamiento. Además, en la mayoría de las incursiones paramilitares, las mujeres sufren agresiones sexuales. Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de dos niñas de 13 y 15 años que fueron violadas por casi 20 soldados. De alguna manera, las mujeres nos convertimos en «trofeo de guerra». Si quieren mandar un «mensaje» a algún líder campesino, la mayor agresión es atacar a su compañera.

Estas agresiones se multiplican en las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde el apego a la tierra es muy grande. Así que cuando se ven obligadas a salir de su territorio tienen que enfrentarse a la carga de ir a una ciudad donde pierden cualquier posibilidad de desarrollar su cultura, lengua e identidad como pueblo.

En las grandes ciudades donde operan los paramilitares y el Ejército, incluso, hay códigos de conducta que las mujeres deben cumplir. En Medellín, es común que los paramilitares obliguen a las niñas a prostituirse porque parte de la legalización de la droga se hace a través de casinos y prostíbulos.

Al igual que otros agentes, Corporación Jurídica Libertad reclama la aplicación del «delito político» para la guerrilla.

En Colombia hay un conflicto armado interno con dos actores; el Estado, que tiene sus grupos paramilitares, y la guerrilla. Por tanto, a esta última hay que darle el tratamiento de «grupo organizado alzado en armas contra el Estado».

El Gobierno, con Uribe a la cabeza, dice que no hay un conflicto armado sino una «amenaza terrorista». Y como son «terroristas» no se les puede aplicar la categoría de «delincuentes políticos». Decir que en Colombia no hay conflicto armado y que «sólo hay unos cuantos delincuentes que se dedican a generar terror», es desvirtuar la historia del conflicto y, lo que es peor, negar la posibilidad de una solución política y negociada.

Pero, frente a los paramilitares, que han cometido crímenes atroces, el Gobierno mantiene un discurso totalmente opuesto; dice que sí son «delincuentes políticos» y que se les debe dar amnistía e indultos.