Un concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Gasteiz, Iñaki Ruiz de Pinedo, encontró hace unos años una documentación relativa a las operaciones que tuvieron lugar entre representantes del Ejército español y distintas instituciones alavesas en relación al acuartelamiento situado en el monte Araka, en las inmediaciones de Gasteiz. Este edil consideró que podía tratarse de un material de interés para el trabajo que distintos grupos antimilitaristas realizaban en la ciudad. Y unos años más tarde, la investigación realizada en torno a aquellos papeles ha servido para destapar un capítulo del desfalco a la población civil por parte del entonces denominado Ramo de Guerra español. Muestra en toda su crudeza los pasos y datos de un pionero pelotazo urbanístico por el que los militares acabaron quedándose, allá por la década de los 60, con un terreno de gran extensión para instalar la base de Araka y unas cantidades considerables de dinero por la «compra» de los terrenos que ocupaban en la zona de Desamparadas.

El colectivo antimilitarista Gasteizkoak ha sido el que ha recuperado esa documentación y ha reunido el fruto de sus pesquisas en un libro que acaba de publicar: «Araka y Desamparadas, expolios militares». Se trata de una obra colectiva con la que pretenden informar a la sociedad alavesa de estos hechos, para que no vuelvan a repetirse. Y para que los representantes políticos de Araba y Gasteiz «no vuelvan a mostrar ese servilismo» ante los militares que llevó a esta doble operación inmobiliaria. Porque, por encima de todo, Gasteizkoak quiere a los militares «fuera de Araka, y fuera de la faz de la tierra», para lo que, advierte, la población gasteiztarra y alavesa «no se vende y no deja que se rían de ellos a la cara».

Personajes conocidos

El libro presentado la pasada semana en Gasteiz es un relato cronológico de la doble operación de adjudicación de los terrenos de Araka a los militares y la compra de los de Desamparadas. Recoge, documento a documento, los pasos que las autoridades militares dieron para conseguir de unas autoridades locales plegadas a sus intereses todos los terrenos, todas las infraestructuras y todo el dinero que quisieron obtener.

Siguiendo el recorrido que muestran esos documentos, que en algunos casos tienen un lenguaje que produce escalofríos por lo claramente que muestra la sensación de impunidad con que manejaban el patrimonio público en función de intereses particulares, aparecen personajes conocidos de la historia reciente de Araba. Algunos de ellos, por cierto, son familiares directos de quienes en los últimos años han estado presidiendo diversas instituciones del herrialde.

Uno de los personajes principales es Luis Ibarra Landete, que fue alcalde-presidente de Gasteiz. De sus manos salieron las primeras decisiones, los primeros escritos y los primeros movimientos de toda esta operación. En los textos por él firmados aparece más el militar que era que el alcalde, y así se reclama en alguna misiva dirigida al gobernador militar para defenderse de las acusaciones de dejación en la labor de auxiliar al Ejército en sus demandas.

El otro elemento que resultó decisivo en la trama que pudiéramos denominar «político-militar» fue Mariano Marco Tabar, hermano de quien años más tarde sería alcalde en representación de UCD. Él urdió toda la trama legal que posibilitaría a los militares llevarse una buena tajada de la venta al Ayuntamiento de los terrenos de Desamparadas, en los que tenía instalados varios cuarteles, y que por supuesto había recibido de forma gratuita de la ciudad.

Con un papel secundario aparece también en los papeles que recogen la historia de este expolio Manuel de Aranegui y Coll, abuelo del ex alcalde de Gasteiz, Alfonso Alonso, y que en tiempos de Ibarra Landete fue diputado general de Araba.

Un procedimiento habitual

Esta forma de funcionamiento, por la cual la ciudadanía acaba pagando varias veces por un mismo terreno que primero les es cedido gratis y sin condiciones a los militares, que lo utilizan todo el tiempo que ellos consideran que les es necesario, y que finalmente lo venden, en muchos casos a sus legítimos dueños, a precio de mercado. En Gasteiz, según estiman los miembros de Gasteizkoak, «casi la mitad de los edificios han estado alguna vez en manos de los militares». Y ello se repite no sólo en cada ciudad y pueblo de Euskal Herria, sino en cada rincón del Estado español.

Tras su profesionalización, el Ejército español ha iniciado un supuesto proceso de modernización y de compra de nuevo armamento, para cuya financiación está procediendo a la venta del patrimonio que utiliza, y que en la mayoría de los casos han puesto en sus manos «por la cara». Se trata de ventas millonarias que, además, no figuran en los presupuestos del Estado. «El argumento es que ese dinero se destina a nuevos programas de armamento», dicen los miembros de Gasteizkoak, que consideran que de esa manera el Ministerio de Defensa ha conseguido y utilizado sin control alguno 2.584 millones de euros en los últimos años, una cifra que es comparable a la que «el Banco de España ha ganado con la venta de la mitad de las reservas de oro que tenía».

En el mismo sentido, el ex concejal de HB y sociólogo de profesión Iñaki Ruiz de Pinedo asegura que antes de la década de los 90 «cualquier terreno ocupado por los militares que se ponía en venta no podía invertirse en armamento». Pero esto cambió con Narcis Serra, quien fuera ministro de Defensa en el Gobierno de Felipe González. Bajo su mandato arrancó un proceso de desamortización del Ejército, en el que el Estado podía reutilizar los terrenos que habían sido expropiados con cualquier utilidad.

En el prólogo del libro publicado por Gasteizkoak, Pinedo asegura que el municipio gasteiztarra «además de ceder los solares, financiaba la renovación y construcción de las nuevas instalaciones». De esta manera, el Ejército español «se hizo con un importante patrimonio inmobiliario que ha pasado a ser, mediante su venta, una pieza básica de su financiación de la reconversión tecnológica-militar». Por ello, y aunque el delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, ha afirmado en alguna ocasión que Araka sigue siendo necesario «para la defensa nacional», según Ruiz de Pinedo «no sería extraño -si hay un buen lucro económico- que se llegara a arreglos de venta de una parte de la superficie ocupada y reservar otra parte para la continuidad del asentamiento en las actuales, u otras, unidades militares». Y ésta es, precisamente, la posibilidad que Gasteizkoak rechaza y a la que quiere hacer frente poniendo a disposición de la población la información sobre la manera en que los militares consiguieron hacerse con unos terrenos y además llevarse un dinero nada desdeñable de las arcas públicas de Gasteiz y Araba.

Arakamendi

La posibilidad de que las autoridades militares vuelvan a hacer negocio del negocio que supuso el expolio de miles de valiosas propiedades estaría más cerca que nunca si una propuesta hecha recientemente por el PNV llega a convertirse en realidad.

Y no es una simple propuesta, ya que la creación de un circuito homologado de carreras en Araka, que se denominaría Arakamendi, constituyó una de las principales apuestas del PNV en las elecciones forales y locales del pasado mes de mayo en Gasteiz. Ello supondría negociar la compra a los militares. Esto es, volver a pagar al Ministerio de Defensa español por unos terrenos que corresponden a los gasteiztarras y a varias juntas administrativas.

Y ya se han dado los primeros pasos en esa dirección, porque en los acuerdos alcanzados recientemente entre PSE y PNV para apoyarse mutuamente en el debate de los presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación de Araba ya aparecían sendas partidas de 40.000 euros destinadas a realizar estudios en torno al proyecto presentado por la formación jeltzale bajo la denominación Arakamendi. «A nuestros políticos -concluye Gasteizkoak- no se les cae la cara de vergüenza por negociar y permitir al Ejército que se enriquezca».