La sentencia del Tribunal de Orden Público español (Audiencia Nacional) que ha llevado a la cárcel a medio centenar de ciudadanos vascos supone asimismo la puntilla definitiva al principal proyecto de diario popular y abertzale gestado en nuestro país en el siglo XX. El diario «Egin» nació en 1977 gracias a las aportaciones de miles de cuentapartícipes, comprometidos todos ellos en construir una herramienta informativa al servicio de todo aquello que no aparecía en la prensa de aquel tiempo. Las organizaciones populares, los sindicatos, las agrupaciones vecinales, las gestoras pro-amnistía... en definitiva, toda una realidad social que no tenía acceso a los medios convencionales, la práctica totalidad de ellos relacionados directa o indirectamente con el franquismo.

Parecía una empresa abocada al fracaso, porque carecía del respaldo financiero de los grandes bancos y grupos empresariales, pero pese a todas las dificultades, logró salir adelante y mantener su presencia diaria en los quioscos durante más de veinte años. Sólo la intervención policial a las órdenes del juez Baltasar Garzón y bajo el impulso político del Gobierno de José María Aznar consiguió truncar su trayectoria.

Aquel nefasto 15 de julio de 1998 se pusieron las bases para lo que conocimos oficialmente el pasado día 19 de diciembre en forma de sentencia contra trece personas relacionadas con el diario. Bajo el manto protector del anatema «todo es ETA», han sido condenados por «integración o colaboración en organización terrorista» José Luis Elkoro, Patxo Murga, Isidro Murga, Pablo Gorostiaga, Jesús Mari Zalakain, Carlos Trenor, Xabier Salutregi, Teresa Toda, Manuel Intxauspe, Xabier Alegría y Maite Mendiburu, e Iñaki Zapiain y Xabi Otero por insolvencia punible. Queda pendiente el enjuiciamiento de José Ramón Aranguren, por motivos de salud y de Manu Aranburu por haber fallecido en accidente de tráfico. En el caso de Ramón Uranga se dictó el archivo provisional de su causa por motivos de salud.

Las personas que firmamos este escrito, ex trabajadores de «Egin», hemos conocido por motivos profesionales a los encausados y sabemos que su militancia ha sido siempre en la causa de la dignidad y el compromiso con su pueblo. Que la acusación de integración en ETA responde a una estrategia política diseñada en Madrid contra el movimiento independentista vasco y sus sectores más comprometidos.

Todos ellos, como el resto de encausados, han sido víctimas de un proceso en el que la sentencia estaba dictada de antemano, porque así lo requería la razón de estado. No han tenido la posibilidad de ser juzgados por su juez natural, en su propio país, ni de que se realice un juicio justo. La propia vista oral, de año y medio de duración, ha supuesto una auténtica agonía personal para los procesados, con su vida cotidiana alterada, impidiendo su trabajo profesional en condiciones normales y con unos enormes gastos económicos añadidos.

Quienes han preparado, desarrollado y ejecutado la estrategia de represión podrán engañar mediante su poderoso aparato mediático y de propaganda a los ciudadanos españoles, haciendo ver que se trata de terroristas desalmados, aunque no utilicen arma alguna. Sin embargo, en su país, en Euskal Herria, la gran mayoría de la población sabe que el medio centenar de condenados lo ha sido por trabajar en la construcción nacional, en aportar a la causa independentista y, en definitiva, a la lucha por la mejora de las condiciones de vida de todos. Por todo ello exigimos la anulación del proceso y la disolución del Tribunal de Orden Público español. ¡Los queremos libres y en su país ya!

(*) Firman también este artículo Mertxe Aizpurua, Lurdes Etxeberria, Marian Beitialarrangoitia, Maria Eugenia Martinez, Pilar Iparragirre, Jose Mari Martinez, Amaia Ereñaga, Ixiar Arteaga, Martin Anso, Dabi Lazkanoiturburu, Txisko Fernández, Ramon Sola, Eguzki Agirrezabalaga, Maite Ubiria, Martxelo Diaz, Begoña Arrondo y otros ex trabajadores de «Egin».