Los abogados de EAE-ANV han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dos demandas contra la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de mayo de 2007. Esta sentencia denegaba el amparo solicitado contra el auto que dictó el Tribunal Supremo anulando 133 candidaturas de esa formación para los comicios que tuvieron lugar el mismo mes en Hego Euskal Herria.

La primera denuncia de los ekintzales responde a la anulación de 125 candidaturas presentadas en municipios y otras siete correspondientes a las Juntas Generales en diversas circunscripciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La segunda demanda hace referencia a la candidatura del Parlamento de Nafarroa.

Ambas señalan que la actuación de los tribunales del Estado español ha supuesto «una violación» de tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el 10, relativo a la liber- tad de expresión; el 11, relativo a la libertad de asociación; y el 13, relativo al derecho a un recurso efectivo. Además, en el caso de las elecciones al Parlamento navarro, ANV considera que «se ha vulnerado el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio, que solamente es de aplicación en elecciones a una Cámara legislativa y que establece la obligación de celebrar elecciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo».

Según la formación ekintzale, la actuación de los tribunales españoles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Europea, porque no han tenido en cuenta lo que Estrasburgo ha manifestado en sus múltiples sentencias sobre la libertad de expresión y asociación.

Sin análisis individualizado

EAE-ANV también denuncia que «se utilizó una técnica que el propio Tribunal Constitucional calificó de extravagante, consistente en sostener que una formación ilegalizada controlaba parte de las listas de ANV». Y critica que no se haya efectuado «un análisis individualizado» de cada una de las candidaturas, lo que «posibilitó que el fiscal general del Estado pudiera manifestar que `quizás nos hemos pasado, pero ha colado', poniendo de manifiesto el carácter político de la actuación contra ANV y la falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave».

Por último, los ekintzales indican que la ilegalización de Batasuna genera «efectos desproporcionados» y que «contrariamente a lo establecido en la amplia jurisprudencia» del Tribunal de estrasburgo sobre ilegali- zación de partidos políticos, el Supremo y el Constitucional «no evaluaron si esa ingerencia en derechos y libertades fundamentales, de carácter muy grave (con efectos tan radicales como la anulación de las candidaturas), respondía a una necesidad social imperiosa».

Sobre la histórica formación abertzale, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, aseguró ayer que se ha comprobado que su comportamiento responde a una conexión con Batasuna. «Una vez acreditadas esas constataciones procede ahora legalmente que el abogado del Estado o el fiscal general puedan solicitar a los tribunales la ilegalización de las siglas».

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se refirió a la cuestión, incidiendo en que «la obligación del Gobierno es impedir que haya quien defienda sus ideas políticas amparándose en la violencia» y concluyendo que «así se hará, le pese a quien le pese». Preguntado por el comunicado de ETA, apuntó que la mejor respuesta es la acción de las FSE, los jueces y los fiscales.