Navegaba bajo pabellón de Malta, había pasado en Sicilia dos revisiones efectuadas por el Registro Italiano Navale (Rina), tenía un certificado de seguridad expedido en Bulgaria, el armador era la sociedad Tevere Shipping, propiedad de la familia napolitana Saverese, lo explotaba temporalmente la sociedad Selmont International con sede en Bahamas, la gestión del transporte corría a cargo de la empresa Amarship en Suiza, la contratación de la marinería la realizaba una sociedad india con personal indonesio que apenas se había familiarizado con el vetusto buque de 25 años, y había sido fletado por el consorcio petrolero franco-belga TotalFina, que finalmente tuvo que cargar con unos gastos de 12.500 millones de pesetas para normalizar el desastre.

Era el petrolero ``Erika'', que se partía en dos el 12 de diciembre de 1999 y se hundía a 30 kilómetros de la costa bretona. Ayer, se dictó sentencia sobre la responsabilidad del derrame de 20.000 toneladas de fuel. ¿Culpables? Para algunos, los directamente responsables como la petrolera Total, que según la investigación estuvo todo el tiempo en contacto con el capitán del buque y desde dos días antes «tenía conocimiento de las averías del barco, incluidas fugas», pero «no tomó ninguna medida para combatir o limitar los efectos».

El ``Erika'' naufragó a causa de una tempestad nada fuera de lo normal. La marea negra, muy viscosa y que se extendió inexorablemente en medio de vendavales que imposibilitaban las tareas de contención y control, afectó a 400 kilómetros de costas y provocó la muerte de nada menos que 150.000 aves.

La esperada sentencia del Tribunal Correccional de París, dictada ocho años después de la catástrofe y siete meses después del inicio de la vista oral, cayó ayer como un jarro de agua fría sobre los abogados de la petrolera Total, que recomendarán a la multinacional que apele para parar el pago de las multas y las indemnizaciones. Además de la petrolera, el tribunal condenó al armador del ``Erika'', el italiano Giuseppe Savarese, al gestor del mismo, el también transalpino Antonio Pollara, y a la empresa encargada de la certificación del barco, Rina.

El monto total de las indemnizaciones está muy lejos de los mil millones de euros que habían reclamado las 101 partes civiles personadas, muchas de cuyas demandas fueron rechazadas. Serán en total 192 millones de euros, frente a los, por ejemplo, 4.000 millones impuestos en la última sentencia del Exxon Valdez y su vertido en Alaska.

El principal beneficiario de las indemnizaciones será el Estado francés, al que corresponderán casi 154 millones de euros.

El departamento de Loire-Atlantique, con 4,3 millones, la Región de Bretaña, con 2,57 millones, y el departamento de Morbihan, con 2,1 millones, le siguen como principales damnificados, por delante de otras regiones, departamentos y municipios cuyas costas fueron manchadas por la marea negra.

La Corte también ha reconocido el derecho a ser indemnizadas a asociaciones ecologistas, sobre todo la Liga de Protección de los Pájaros, que recibirá casi 800.000 euros y cuyo presidente, Allain Bougrain-Dubourg, consideró la sentencia como «histórica».

Además de la parte civil, el mismo tribunal dictó multas máximas para los condenados, iguales a las solicitadas por la Fiscalía. Total y Rina fueron condenadas a 375.000 euros cada una, el máximo para un sujeto jurídico por contaminación marítima, mientras que el armador y el gestor deberán pagar 75.000 euros cada uno. La Corte no dictó prisión para ellos, contrariamente a lo pedido por la Fiscalía.

La sentencia absuelve a dos filiales de Total, al capitán indio del petrolero, Karun Mathur, a otros empleados encausados y a tres militares de la Prefectura marítima de Brest que comparecían acusados de negligencia.

Como solicitaba la Fiscalía, el tribunal ha considerado a Total, dueña del petróleo, culpable de «imprudencia» al no haber tenido en cuenta la vetustez del ``Erika'', pese a que tenía casi 25 años, ni su historial de mantenimiento, factores que, como recoge la sentencia, tuvieron «un papel causal en el naufragio».

La defensa de la petrolera había asegurado que su cliente se limitó a alquilar el barco, que tenía en regla las inspecciones, por lo que no se considera responsable de la corrosión de su casco. El armador y el gestor del ``Erika'' fueron negligentes en su mantenimiento, según la sentencia, que indica que debían conocer el estado del barco y el riesgo que se corría al utilizarlo. Rina, que certificó la navegabilidad del buque, actuó con precipitación y sin verificar su estado, indica el fallo.

El veredicto del tribunal ha provocado euforia entre los defensores del medio ambiente en el Estado francés, porque consideran que sienta un precedente al reconocer el prejuicio ecológico.

«Esta condena debe ser ejemplar para que los barcos-basura ya no naveguen en nuestros mares», afirmó, por su parte, la presidenta de una de las regiones afectadas y ex candidata al Elíseo, Ségolène Royal, al calificar de «excepcional» la sentencia.

Un catástrofe con lecciones

La catástrofe del ``Erika'' sembró la alarma económica en todo el litoral atlántico, porque afectaba de lleno a los sectores pesquero y mariscador, y pintaba negros nubarrones sobre el futuro de la industria turística de la zona.

El derrame también puso en jaque los sistemas de protección e hizo cuestionarse a los expertos la eficacia de las barreras de balizas y de los tubos de aspiración.

Pero, más aún, lo ocurrido suscitó un gran debate sobre las responsabilidades de los vertidos. Como es práctica habitual en los siete mares y se comprobó en este caso, el petrolero era un laberinto legal a flote. Tanto es así que en la instrucción del caso fue imposible culpar de nada a Malta, bajo cuya bandera navegaba un buque condenado a protagonizar esta catástrofe.