El 12 de diciembre de 1999 el petrolero Erika se vio atrapado en una tormenta en el Atlántico. El buque maltés se partió en dos al sur de Penmarc'h (Finisterre). De las 32.000 toneladas de fuel pesado número 2 que transportaba el petrolero pudieron ser recuperadas 12.000; sin embargo, las 20.000 restantes se vertieron al mar, provocando una marea negra que afectó especialmente a Bretaña, aunque el impacto ambiental se dejó sentir a lo largo de más de 400 kilómetros de costa.

Ocho años después, y tras uno de los procesos judiciales más largos, complejos y costosos de la historia del Estado francés, un tribunal condenó ayer a Total, además de al armador, al gerente del barco y a la sociedad de clasificación Rina. Y, lo que es más importante, la sentencia reconoce la existencia del «daño o perjuicio ecológico», objetivo primero de las 101 partes civiles que acusaban en el proceso judicial abierto. En su mayor parte entidades administrativas y territoriales, y junto a ellas unas pocas organizaciones ecologistas.

El tribunal señala indemnizaciones por valor de 192 millones de euros, muy lejos de los mil millones reclamados por las partes civiles. Sin embargo, y pese a ser relevante que un juez mande un claro mensaje de que se acabó el contaminar los mares sin asumir los costos de la recuperación por el daño causado, lo más importante es que se reconozca que los grandes titanes de la industria energética no pueden seguir jugando a la ruleta rusa con el planeta, fletando petroleros a compañías de dudosa solvencia, con banderas de conveniencia, con personal de escasa cualificación... En definitiva, que no pueden guiarse en exclusiva por la lógica de maximizar beneficios a costa de la seguridad.

Del mismo modo que la tragedia del Erika no evitó el Prestige, es posible que los efectos prácticos de esta sentencia no sean inmediatos. En todo caso, abre un camino que debería abocar a un comportamiento industrial más responsable y a promover cambios profundos en las normas de la seguridad marítima.