La firma de tres sindicatos pone en marcha la reforma laboral francesa
Fuerza Obrera, la Confederación Francesa de Cuadros y la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos han dado su visto bueno al proyecto de flexibilización del mercado de trabajo redactado por el Gobierno francés, permitiendo así que el texto, que necesitaba el acuerdo de al menos tres sindicatos, pueda salir adelante. Una de las principales centrales, la CGT, no obstante, anunció que no se sumaría.
GARA |
Después de cuatro meses de negociaciones, los dirigentes de Fuerza Obrera (FO), Confederación Francesa de Cuadros (CFE-CGC) y la Confederación Francesea de Trabajadores Cristianos (CFTC) firmarán el acuerdo para flexibilizar el mercado laboral francés al considerar que aporta «suficientes avances». Además, temían un endurecimiento del texto base por la presión de la UMP, el partido de la mayoría gubernamental, si se dejaba al Gobierno su redacción.
Por ello, accedieron a firmar el acuerdo que afectará a 18 millones de asalariados del sector privado y que debe ser recogido por el Ejecutivo en forma de proyecto de ley.
Sin embrgo, la CGT rechazó la firma al argumentar que no resuelve los grandes problemas del país, como el elevado nivel de paro entre la juventud, el aumento de la precariedad y el desempleo de los trabajadores de mayor edad.
Aumentar la «flexibilidad»
El acuerdo busca dar forma a una «flexibilidad» a la francesa en el contexto de una promesa electoral del presidente Nicolas Sarkozy para hacer «más fluido» el mercado de trabajo.
Acompañando a ciertas garantías para el trabajador, el texto recoge demandas de la patronal para poner fin a contratos sin pasar por el despido o alargar períodos de prueba.
Respecto a la «seguridad», el acuerdo confirma la obligación de que los despidos se produzcan por un motivo «real y serio» y prevé la «portabilidad», es decir, que el trabajador que vaya al paro o que cambie de empresa haga valer sus derechos sobre salud y formación. Así el asalariado cuyo contrato se rescinda mantendrá el 100% de su derecho individual a la formación adquirido en su antigua empresa, que será igual a 20 horas anuales con un límite de 120 horas, de las que podrá hacer uso con caracter prioritario mientras sea solicitante de empleo y de acuerdo con el nuevo empleador durante los dos años siguientes a su nuevo contrato.
Por lo que se refiere a la cobertura complementaria de salud, los asalariados podrán conservarla durante un tercio del tiempo de su derecho a la prestación por desempleo y no podrá ser inferior a tres meses.
También crea una prima para los jóvenes de menos de 25 años que por edad no tienen derecho al Salario Mínimo de Inserción (RMI por sus siglas en francés) y que no hayan trabajado el tiempo suficiente para tener derecho a paro.
Igualmente, se incluye una indemnización mínima de despido que llegará hasta un quinto del salario mensual por año de antiguedad a partir de un año de estancia en la empresa, lo que equivale a doblar la indemnización durante los diez primeros años.
La patronal francesa ha visto recogida en el acuerdo una de sus demandas más reiteradas. El período de prueba de los contratos se alargará y durará de uno a cuatro meses según las categorías laborales.
Los trabajadores podrán mantener durante algún tiempo los derechos sobre la cobertura complementaria de salud o sobre formación adquiridos en su antigua empresa al quedar en desempleo o cambiar de empresa
Una de las principales novedades del acuerdo firmado por tres sindicatos y la patronal es la ruptura de contrato «de mutuo acuerdo», que permite al empresario y al trabajador «acordar conjuntamente» las condiciones de la ruptura y garantiza al asalariado el acceso a las asignaciones de desempleo, lo que no es posible en caso de renuncia. Se trata de una demanda por la que la patronal francesa había batallado mucho y evitará la calificación de despido en muchos de estos casos. Según cifras sindicales, cada año 3,3 millones de trabajadores dejan su empleo, 2,4 de forma voluntaria y 900.000 por despido. El acuerdo permite también prolongar el período de prueba, otra antigua reclamación de los empresarios. Será de entre uno y dos meses para obreros y empleados; entre dos y tres meses para capataces y de entre tres y cuatro meses para los cuadros. No obstante, el empleador podrá optar por periodos más cortos. Es el sector quien debe fijar la duración de la renovación, que no podrá superar los cuatro, seis u ocho meses, respectivamente. La duración de las becas de fin de carrera contará como tiempo de prueba.
Reivindicado básicamente por las empresas de asesoría y de informática, se crea el contrato por obra o servicio. Se pondrá en marcha a título experimental y recurrir a él estará subordinado a un acuerdo sectorial. Está dirigido a ingenieros y cuadros, con una duración mínima de 18 meses y máxima de 36 que no puede ser renovado. Para calmar los temores sindicales, la patronal accede a que pueda rescindirse un año después de firmado a iniciativa tanto del patrono como del asalariado siempre que exista un motivo «real y serio».
