El Tribunal de Primera Instancia de la UE dedicó la segunda jornada del juicio sobre las conocidas como «vacaciones fiscales vascas» a los créditos del 45% del importe de la inversión aplicados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre 1995 y 2000.

El ejecutivo de la UE determinó en 2001 que esos créditos -aplicables a inversiones por encima de 15 millones de euros- eran ayudas de Estado incompatibles con el mercado común y pidió que se recuperaran los fondos entregados, más los correspondientes intereses. Las diputaciones y Confebask presentaron sendos recursos.

En la vista de ayer, el representante legal de las haciendas y de Lakua, que les apoya en esta causa, hizo hincapié en que los incentivos controvertidos no eran selectivos, como argumenta la Comisión, y aseguró que el importe mínimo de 15 millones de euros es sólo un requisito de aplicación. Criticó la excesiva duración del análisis de la Comisión y aseguró que la actitud de Bruselas ante disposiciones anteriores similares hizo creer a los beneficiarios que los incentivos no estaban en riesgo.

Los abogados de la patronal incidieron en que la CE no pudo demostrar el efecto negativo de los créditos sobre el comercio intracomunitario o la competencia y consideraron que ese tipo de ayudas contribuyen a aumentarlos, al fomentar la inversión.

Los expertos legales de la CE lamentaron la nula colaboración de las autoridades vascas en la investigación, pues «se negaron a facilitarle el más mínimo dato sobre los beneficiarios» de las ayudas. En cuanto a la selectividad de los incentivos, recalcaron que sólo podían acogerse a ellos aquellas empresas capaces de movilizar recursos suficientes para invertir más de 15 millones de euros.