Acoso a EHAK y ANV
Los medios azuzan y el ministro, el fiscal y el juez piden un poco de calma
Mientras algunos medios de comunicación llevan semanas anunciando y azuzando el inicio de los trámites de suspensión de actividades e ilegalización de EHAK y ANV, los máximos encargados de estos casos piden calma y tiempo.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
«El Gobierno impulsará antes de un mes la ilegalización de ANV», anunciaba el titular principal de la primera página de «El País» del 11 de diciembre de 2007. «Interior espera el último informe policial para iniciar el proceso», explicaba. Otro rotativo madrileño, «El Mundo», aseguraba el mismo día y con letras aún más grandes que «Pumpido ordenó ayer redactar ya la demanda contra el PCTV» y que se esperaba que estuviera lista para finales de año. En el texto daba cuenta de que «aunque cuenta con elementos probatorios diversos, la Fiscalía considera que aún no son suficientes para instar la ilegalización de esos partidos» y, por ello, añadía que estaba a la espera de recibir «un determinante informe policial», Conde-Pumpido ha dado ya la orden de «estar preparados».
El 12 de enero, un mes y un día después de aquellos anuncios y no habiéndose consumado todavía las demandas de suspensión de actividades y de ilegalización, «El País» apuntaba con mayor discreción en su portada que «el fiscal acumula los últimos datos para ilegalizar a ANV y PCTV», señalando que «la Guardia Civil entrego un informe de más de 300 folios que detalla las relaciones contables entre dichas formaciones y la financiación a dirigentes de Batasuna». Con mayor trompetería, aunque con los mismos datos, «El Mundo» aseguraba -adelantando la condena y cargándose la presunción de inocencia- que «La Justicia ultima la ilegalización de los partidos que apoyan a ETA».
Al día siguiente, domingo 13 de enero, «El País» se ponía contundente y nada menos que uno de sus subdirectores y otra de las firmas más conocidas de Prisa aseguraban que «el fiscal pedirá la suspensión de actividad de PCTV y ANV. La ofensiva judicial arrancará esta misma semana ante Garzón».
Ese mismo día el juez Baltasar Garzón tenía una entrevista concertada en la Cadena Ser y ya empezó a dar muestras de estar «molesto por el hecho de haber conocido por los medios de comunicación esta decisión». Advirtió «de que el caso sigue bajo secreto sumarial» y que es el juez «quien marca los plazos».
El anuncio de «El País» fue tomado en consideración por muchos medios, hasta el punto de que muchos esperaban que el Consejo de Ministros del pasado viernes pusiera en marcha oficialmente la maquinaria contra las formaciones independentistas vascas y algunos hasta parecieron defraudados cuando comprobaron que no era así. En la rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, devolvió la pelota a Garzón y anunció que el Ejecutivo no actuará hasta conocer la decisión del juez cuando reciba el esperado informe policial. «En el mismo momento en que esos informes sean entregados y el juez adopte las decisiones que en su caso considere oportunas y dé traslado (a las partes) y podamos conocer esos informes, el Gobierno actuará de inmediato», sentenció.
Visto que una vez más se cumplía el plazo anunciado -esta vez por su subdirector- sin que hubiera nuevas noticias, «El País» volvía ayer a la carga con la misma firma aseverando que «Interior entrega en las próximas 24 horas el informe que permite suspender ANV».
Pero estos y otros medios no sólo han avanzado plazos y datos; muchas noticias han estado sucedidas de un editorial instando a la ilegalización o la suspensión de actividades, alabando en algún caso las bondades de esta vía más expeditiva.
«Antes de las elecciones»
Y mientras unos medios insisten en poner plazos, el ministro español de Justicia, el fiscal general del Estado y el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso hacen llamamientos a la calma.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirmaba ayer que estaban pendientes de recibir «el famoso informe policial» para poner en marcha «toda la maquinaria judicial». Su jefe, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo esperar que la suspensión de actividades de ANV y EHAK se adopte «en un plazo breve» y, en cualquier caso, «antes de las elecciones». Explicó que el proceso de ilegalización «tiene plazos más largos». Y Baltasar Garzón, el juez que lleva el caso, lamentó también ayer en declaraciones a TVE que se hable «con ligereza» y en clave «política o extrajudicial» sobre el informe que analiza las relaciones de ANV y ETA.
«No puedo levantar ni debo el secreto de sumario. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil, están haciendo el trabajo que deben con seriedad, rigor y en el tiempo necesario», argumentó Garzón. Según señaló, este tipo de investigación requiere «largos plazos» para estudiar «documentaciones muy complejas» y no debe estar vinculado a «periodos electorales».
Aclaró que «a veces, cuando no se tienen todos los datos, o se tienen datos parciales, se pueden emitir juicios que no corresponden con la realidad». Por ello, pidió a políticos y medios que «no se trate de alterar o acelerar lo que tiene que producirse». «A lo mejor la gente no sabe que una vez que se alce el secreto de sumario tiene que darse un plazo razonable a las partes para que conozcan aquello que hay dentro del sumario, porque, de lo contrario, se atentaría al derecho de defensa de las partes», indicó.
La sombra de Estrasburgo
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tampoco quiso hablar ayer de plazos, aduciendo que «decir lo que se va a hacer sería dar una ventaja a quien no se debe dar». Consideró necesario «hacer el acopio máximo de pruebas», porque en un proceso de ilegalización es preciso pasar el filtro del Tribunal Constitucional
El fiscal general, por su parte, recordó que tras éste está el de Estrasburgo e incidió en la necesidad de hacer las cosas bien para evitar que ponga alguna traba a las ilegalizaciones.
Garzón habló de que estos casos requieren «largos plazos». Por un lado, porque hay que estudiar «documentaciones muy complejas». Y por otro, porque cuando se levante el secreto hay que dar «un plazo razonable» a las partes.
declaraciones
Ante los continuos anuncios de la inminente suspensión de actividades e ilegalización de EHAK, Ezker Abertzalea -el grupo parlamentario que reúne a los candidatos elegidos en sus listas- anunció ayer que va a iniciar una ronda de contactos con los agentes sociales y sindicales con los que viene trabajando y colaborando desde su entrada en el Parlamento de Gasteiz. Además, aprovechará el viaje de trabajo que la Comisión de Industria de la Cámara realiza a Escocia para dar a conocer la situación de Euskal Herria y de su grupo parlamentario a aquellos interlocutores con los que tengan contactos en los próximos días.
Ane Auzmendi, Nekane Erauskin y Julián Martínez comparecieron ayer en una rueda de prensa con nutrida asistencia de medios para asegurar que «la mejor respuesta ante esta nueva agresión va a ser seguir con nuestro trabajo político en este Parlamento», presentando nuevas iniciativas. Los parlamentarios de Ezker Abertzalea detallaron que su trabajo en los cerca de tres años de esta legislatura ha ido siempre «de la mano del movimiento popular y asociativo vasco». El grupo recordó que para desarrollar su labor institucional ha colaborado con diferentes agentes políticos y sociales.
Fruto de este trabajo han sido las iniciativas «a favor del servicio público y en contra de la política de privatizaciones que lleva a cabo el Gobierno Vasco, a favor de un nuevo currículo educativo para toda euskal Herria» y las que han pretendido «facilitar la integración de las personas inmigrantes en la sociedad vasca» Ezker Abertzalea recordó su «postura inflexible a favor de los derechos de la mujer, sobre todo en lo que se refiere en la violencia contra las mujeres» o, en un ámbito distinto, la presentación de «todo un proyecto de ley para la recuperación del euskara». La defensa de una renta básica, de los intereses de los arrantzales y agricultores o llevar «el clamor social contra el tren de alta velocidad hasta este Parlamento» fueron algunas otras de las actuaciones que destacaron los parlamentarios independentistas, además de haber contribuido a que se escuche «la voz de los y las represaliadas por motivos políticos».
Este tipo de iniciativas sectoriales y la defensa de «un nuevo marco democrático en el que se respeten los derechos de Euskal Herria» han sido la columna vertebral de Ezker Abertzalea en palabras de su portavoces, y ésa es la razón por la que «nos quieren ilegalizar»
Este es el diagnóstico de la situación que quieren compartir con los agentes sociales y sindicales. «Queremos ser muy claros en esto -manifestaron-, porque pase lo que pase nos comprometemos a seguir trabajando mano a mano con el movimiento social».
Además, también quieren compartir una reflexión más general, la de que lo que ahora está en juego es si se abre un marco democrático o se repiten los errores de los últimos 30 años. En su opinión, con la ilegalización PSOE y PNV quieren tener vía libre «para renovar la cara a este marco autonómico».
