Disueltas las Cortes españolas y convocadas por el presidente del Gobierno español las próximas elecciones generales para el 9 de marzo, los contendientes por el poder político acaparan la actualidad. Es la dinámica de una democracia representativa que periódicamente se legitima con la llamada a las urnas. Ciudadanas y ciudadanos, en mayor o menor porcentaje según los contextos políticos del momento, acuden a la cita, conscientes de que su participación democrática alcanza aquí su máximo grado de expresión. Pasado el periodo electoral, la gestión pública queda en manos de los políticos más votados. Poco o nada podrá hacer ya la ciudadanía. Muchas promesas electorales quedarán olvidadas hasta que de nuevo renazcan como cebo para atraer votos ante nuevas convocatorias.

Pero incluso esta limitada forma de expresión democrática, que centrará la atención política de las próximas semanas, queda recortada y éticamente vulnerada en el actual contexto. Todo el mundo afirma que unas elecciones, para ser tales, deben respetar y posibilitar la concurrencia de todas las opciones políticas. Sin embargo, al mismo tiempo que se proclama la democracia en un estado de derecho, manifestada en el ejercicio del voto libre, se incoa la ilegalización de ANV y EHAK -para que no concurran a estas elecciones- bajo la acusación, elaborada por informes policiales, de sustituir a Batasuna, cuya Mesa Nacional está además encarcelada. En consecuencia, se impide legalmente la expresión de un sector importante y significativo que opta por posiciones independentistas y quiere elegir a sus legítimos representantes dentro de los derechos de lo que debiera ser una auténtica democracia.

Por otra parte y dentro de la misma coyuntura de estas elecciones generales, las condenas del macrosumario 18/98 han llevado a prisión a 46 personas bajo la acusación de pertenecer al «corazón y las entrañas» de ETA, a pesar de las denuncias de un juicio desacreditado internacionalmente por sus irregularidades jurídicas. La defensa apreciaba en esa sentencia «un absoluto desprecio a la historia de Euskal Herria y a su realidad para asumir a pies juntillas la que le presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado». Son compañeros y compañeras, amigos con quienes compartimos esfuerzos y trabajos por la libertad para decidir y ser lo que los ciudadanas y ciudadanos vascos desean; personas íntegras que son en su vida y trabajo -y seguirán siendo, dispersadas en las cárceles- signo de libertad y honestidad y clamorosa denuncia ante las elecciones en un estado donde se afirma la libertad de expresión y se les condena por el ejercicio de ese mismo derecho.

Y cuando en las próximas semanas los candidatos a ocupar escaños de poder político ofrezcan promesas y garantías de respeto a los derechos humanos, una vez más el sistema judicial-policial, al amparo de la Ley antiterrorista, hace oídos sordos a las múltiples demandas de investigación sobre las denuncias de signos evidentes de malos tratos y torturas en las recientes detenciones de Lupiañez, Portu y Sarasola. También el mismo macrosumario 18/98 despreció toda referencia a torturas, cuando precisamente instituciones -en especial las judiciales- y organizaciones de todo tipo tienen la obligación ética de investigar y poner todo lo que esté en sus manos para erradicar esa repugnante práctica contra la dignidad humana, denunciada por varios organismos internacionales, en un estado cuya Constitución afirma que en ningún caso, nadie puede ser sometido «a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

En este contexto comienza un proceso electoral donde, sobre todo, los partidos mayoritarios van a utilizar precisamente esas circunstancias para apuntarse tantos electorales. Y lo que es un atentado ético a un proceso auténticamente democrático será presentado como la muestra de su buen hacer en defensa de lo que ellos entienden como estado de derecho.

Ganarán esos partidos, pero la democracia y, sobre todo, los valores éticos de la convivencia y sus derechos quedarán en entredicho. Se aplaudirá en mítines y reuniones la democracia uniforme, el pensamiento único contra la pluralidad y el respeto a la libre decisión, a la consulta y a las alternativas para otra forma de relación política con los pueblos sin estado. Los malos tratos, la vulneración de derechos humanos en las cárceles, la dispersión de presos, los juicios irregulares no serán denunciados porque no atraen los votos de la mayoría. En última instancia, la conciencia ética ciudadana sufrirá una nueva agresión que incluso será aplaudida por sectores multitudinarios.

A pesar de todo habrá voces ciudadanas que seguirán reclamando otra democracia que promueva y apoye la dignidad de las personas y sus obligaciones cívicas solidarias y sus derechos, la libre decisión de los pueblos, la supresión de amenazas, agresiones y violencias de todo tipo. Entre esas voces también sería necesario oír a los representantes cualificados de la Iglesia denunciando tales situaciones y actuaciones que violan los principios éticos fundamentales de la democracia, exigiendo libertad de expresión sin exclusiones, respeto a la integridad de las personas, a la identidad de los pueblos, a los derechos de todos los presos y presas, erradicación de todo mal trato y tortura. No lo hará así jerarquía española. ¿También los obispos vascos guardarán silencio? Personas y grupos de la base eclesial, aunque sus demandas queden acalladas por el ruido mediático electoral y eclesiástico, seguirán uniéndose a otras muchas voces que exigen la regeneración ética y la justicia como único camino para un proceso de paz integral, compleja, creadora de nuevas y plurales relaciones desde el diálogo y negociación, de la que nunca podemos desentendernos y por la que seguiremos trabajando con libertad, aun en plena tormenta electoral.