Andan con prisas. Las fechas se les echan encima y están que no les llega la camisa al cuello, temerosos de que se les pasen sus propios plazos para volver a aplicar el apartheid a vascos y vascas.

En el editorial de «El País» se congratulaban de las últimas declaraciones de De La Vega porque «se deduce de ello que la decisión política de instar la ilegalización, tras los nuevos indicios conocidos, ya está tomada. Es lo que corresponde al Gobierno. Decidir sobre la ilegalización es responsabilidad de los tribunales, de acuerdo con las pruebas jurídicas». Y alertaba el editorialista sobre algún riesgo de despiste: «Esta iniciativa coincide con el fin del periodo de cinco años, no prorrogable, de suspensión cautelar de Batasuna decretada en su día por el juez Garzón. Sin embargo, ese hecho no afectará a la posibilidad de ilegalización de ANV y el PCTV. Garzón ha dictado un auto en el que, a la vez que comunica el final de dicha suspensión, recuerda que esa formación sigue siendo ilegal por sentencia firme del Supremo y advierte contra los intentos de burlar esa resolución. La suspensión cautelar, decidida en el marco del proceso penal contra el núcleo dirigente de Batasuna por supuesta integración en ETA, ha resultado un instrumento muy útil para contrarrestar los intentos de burlar la ilegalización. Y a la vez un instrumento más ágil que el previsto en la Ley de Partidos, que se limita a una exigencia genérica de responsabilidades a dilucidar en cada caso concreto». Teme el escribiente de Prisa que «conociendo las tretas habituales de Batasuna, es de temer que intente aprovechar el fin de la suspensión penal para ensayar nuevas formas de esquivar los efectos prácticos de su ilegalización. De ahí la necesidad, por parte sobre todo del ministerio fiscal, de una estricta vigilancia para que la justicia actúe con rapidez, y si es posible preventivamente, frente a las maniobras con que intentarán poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado de derecho a sus provocaciones». Están ojo avizor, todo sea en favor de la democracia ilegalizante.

Y lo mejor, al final: «En tanto no se desmarque claramente de la banda, se trata, según señala el auto de Garzón, de un partido ilegalizado que 'continúa formando parte del entramado terrorista'. Y no parece, como se ha demostrado en el llamado proceso de paz, que tenga capacidad o siquiera voluntad de desvincularse de esa red». Lo que se ha demostrado, caro amico, en ese proceso es lo que ha confesado Zapatero: que no tenía voluntad. No le den más vueltas.