El Tribunal Supremo español ha condenado a la Mesa del Parlamento de Gasteiz por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak a raíz de la ilegalización de Batasuna. Resumiendo mucho, un organismo que tiene forma jurídica de un sindicato, pero que no se ocupa de los derechos de los trabajadores sino de la salvaguarda del legado franquista, ha conseguido poner en evidencia que en el Estado español los pilares tradicionales del estado moderno son de cartón piedra. Por un lado, la ficción de la separación de poderes ha quedado en entredicho. Por otro lado, la supuesta potencialidad democrática de los acuerdos de 1978 ha saltado por los aires.

Atutxa, considerado azote de la izquierda abertzale durante años, ha sido condenado nada más y nada menos que por «desobediencia». Atutxa, él que fuera precursor desde Interior de la tesis de «todo es ETA»; él que, como presidente de la Cámara, fue testaferro del dinero adeudado a Batasuna por el Estado... Pero, en Derecho, la excepción es excepción precisamente porque carece de límites. Del mismo modo que en democracia la excepción no tiene cabida. Donde la excepción es la norma no existe verdadera democracia, y ante tanto desvarío político y jurídico, el PNV debería plantearse cometer realmente alguno de los «delitos» que le imputan. Puede empezar por Ondarroa, Nafarroa...