Visto que el PSOE parece tener claro que prohibir partidos vascos le da votos, el PP tampoco quiere quedarse atrás. Uno de sus fichajes estrella para las elecciones del 9 de marzo es Arturo García-Tizón, el abogado del Estado que en 2002 presentó una de las dos demandas que llevaron a la ilegalización de Batasuna. García-Tizón llevaba casi dos décadas sin participar en política (es un decir) y ahora cruza el estrechísimo puente que separa el ámbito de la Justicia del de las listas electorales para liderar la candidatura del PP en Toledo.

El partido de Mariano Rajoy se ha decantado por explotar el aparente filón de la ilegalización en un enclave en el que necesitaba una figura de peso, ya que su contricante es el ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa por el PSOE José Bono. Un hombre cuya cercanía al PP, además, resulta más que evidente.

De hecho, Bono ya ha acusado el golpe. Tras conocer la nominación, no dudó en reconocer que tiene «una opinión muy positiva» sobre García-Tizón. Y añadió que es consciente de que admitirlo «no es políticamente incorrecto».

García-Tizón, por su parte, no ha perdido tiempo para enfocar su campaña contra el PSOE a partir de la cuestión que más domina: la ilegalización de partidos vascos. Nada más ser designado como cabeza de lista, afirmó que prohibir a ANV constituye «una obligación de Estado» y avisó de que «no se puede plantear como si fuese un elemento electoral», en respuesta al modo con que el PSOE está dosificando la cuestión en estas semanas previas al 9-M.

«Esto no es propio de una campaña electoral -ha esgrimido el ex abogado del Estado-. La voz política de ETA no debe estar en un ayuntamiento. Es una necesidad democrática que ANV desaparezca de los consistorios vascos».

El de las «mil pruebas»

Aunque muy pocos lo recuerden, García-Tizón fue secretario general de Alianza Popular a finales de los 80, en una época en que la derecha española no encontraba un rumbo claro y erraba bajo la batuta de un tal Antonio Hernández Mancha, eso sí, con Manuel Fraga moviendo los hilos entre bambalinas.

Posteriormente, el PP utilizó a García-Tizón en otros menesteres: participó en el diseño de la Ley de Partidos Políticos y poco después fue el encargado de presentar la demanda de ilegalización en nombre de la Abogacía del Estado. Su informe fue definido por el ministro de Justicia del PP, José María Michavila, como el de «las mil pruebas». García-Tizón lo presentó con la garantía total de que la demanda sería aprobada por el Tribunal Supremo, como puede verse en esta frase: «El conjunto de pruebas es de tal solidez que muestra que HB-EH-Batasuna es el mismo entramado creado para apoyar y enaltecer a ETA». Incluyó una visita a Bilbo para ganarse la adhesión de algunas asociaciones de víctimas de la organización armada.

A García-Tizón se le atribuye además una relación de amistad personal con Mariano Rajoy, presidente del PP.