Ha sido necesario que el Tribunal Supremo haya condenado a tres integrantes de la Mesa del Parlamento, con Juan María Atutxa a la cabeza, para que el Gobierno de Lakua y el PNV, tan medidos en otras ocasiones, hayan cargado con dureza contra la Justicia española. «Una justicia medieval y predemocrática» en opinión del presidente del EBB, Iñigo Urkullu, que compareció junto a otros burukides y personas referenciales del jelkidismo, como el alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, y el anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, para expresar su apoyo al ex consejero de Interior.

Un respaldo que quedó gráficamente sellado cuando Urkullu y Atutxa se fundieron en un abrazo delante de las cámaras. «No está solo» enfatizó el líder jeltzale al valorar el fallo del Supremo, que inhabilita a Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr para ejercer un cargo público por espacio de 18 meses en el caso del primero y un año en el de sus compañeros.

De «tremendo» calificó Urkullu el veredicto de los jueces, valorando que el mismo «enciende todas las alarmas» ya que, a su parecer, podría «acarrear en el futuro gravísimas consecuencias». Para el PNV, la decisión del Alto Tribunal español «parece dar carta blanca y legitimación jurídica para que otros tribunales puedan actuar de la misma manera», en velada referencia a la causa abierta contra el lehendakari, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, y varios representantes de la izquierda abertzale.

Urkullu opinó que la resolución es «exclusivamente mediática y política», y acusó a algunos estamentos judiciales de ser «refugio de las ideas de ultraderecha». «No hay democracia que pueda soportar durante mucho tiempo que las sentencias de las más altas instancias judiciales se adopten en función de la composición de la sala y del fondo de lo que se está juzgando» afirmó en tono de advertencia antes de agregar que el fallo es «el mayor síntoma de una transición inacabada».

El presidente del PNV explicó también que ha contactado con EA y EB para hacer una valoración conjunta y decidir si adoptan alguna medida.

Interpretación particular

Estos tres partidos estuvieron representados en la comparecencia que en Gasteiz ofreció el lehendakari, que estuvo secundado por sus consejeros. «La decisión del Tribunal Supremo es muy seria, muy grave y muy preocupante», manifestó Ibarretxe, al tiempo que denunciaba que el fallo «pone en absoluto entredicho el autogobierno que de forma legítima e histórica le corresponde a este país».

«El Estado español, a través de sus instituciones, está consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición», señala el texto leído por el mandatario autonómico, que censuró que «el autogobierno político está siendo devaluado hasta límites insospechados».

Ibarretxe denunció también que «desde hace años un porcentaje de esta sociedad tiene impedida su capacidad de voto, en contra del derecho al sufragio universal», y que «las máximas instituciones y los representantes más cualificados de esta sociedad estamos perseguidos judicialmente».

«Este gobierno quiere decir de forma clara y contundente que no entendemos y, por tanto, no aceptamos que Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr hayan cometido delito alguno. ¡No lo aceptamos!», apostilló el lehendakari.

A la hora de señalar las responsabilidades, sin embargo, Ibarretxe se saltó la realidad de los hechos e interpretó que «esta decisión judicial es un acto más de la labor que inició el PP y el PSOE, por un lado, y Batasuna, por otro, cuando echaron a Atutxa de la Presidencia del Parlamento». Lo cierto, sin embargo, es que esta causa fue iniciada cuando Atutxa aún ejercía de presidente de la Cámara, a instancias del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que ordenó la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak.

Interpretación particular

Ezker Abertzalea considera el fallo una nueva «consecuencia del cálculo político» que realiza el Estado español, al igual que la aplicación de la Ley de Partidos o la sentencia del 18/98 y, al mismo tiempo, una demostración de que «como la izquierda abertzale ha subrayado en las últimas décadas, Madrid sigue mandando en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como en Nafarroa».

Tras recordar que Atutxa ha sido «uno de los más fervientes defensores de este marco», desde este grupo apuntaron que la respuesta debe ser «la resolución del conflicto político que genera tantas injusticias».