LA ILEGALIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS
Garzón activa la maquinaria de la suspensión de partidos
La espada de Damocles levantada ahora por el Estado español contra dos partidos abertzales más -EHAK y ANV- puede caer sobre ellos en dos semanas. Sus representantes legales han sido citados en Madrid los días 4 y 5 de febrero por el juez Baltasar Garzón, apenas minutos después de recibir los informes policiales «ad hoc» que suman más de 2.500 folios. En 2002, Garzón suspendió las actividades de Batasuna tres días después de efectuar este trámite.
Ramón SOLA | IRUÑEA
El fiscal general del Estado había anunciado anteayer que ANV y EHAK estarían fuera de juego antes de las elecciones del 9 de marzo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se encargó ayer de poner fecha a la cuenta atrás. Los días 4 y 5 de febrero -lunes y martes- ha citado en su despacho a los representantes legales de ambos par- tidos independentistas para celebrar una audiencia que todas las instancias sitúan como paso previo a su suspensión.
De hecho, en la providencia dictada al mediodía de ayer se cita a las partes «para que tenga lugar la audiencia prevista en el artículo 129 1º a) y c) y 2º) del Código Penal». El apartado 1º a) establece la posibilidad de «clausura de la empresa, sus locales o establecimientos»; el 1ª c) regula la «suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación»; y el 2º) establece que «la clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado anterior podrán ser acordadas por el juez instructor durante la tramitación de la causa». Con todo ello, Garzón delimita con claridad el horizonte al que se enfrentan ANV y EHAK.
En minutos
Todo el proceso hasta llegar a este punto ha sido «radiado» por diferentes medios de difusión. ``El País'' indicaba el lunes que el informe policial definitivo llegaría en 24 horas a la Audiencia Nacional, y así fue, porque hizo su entrada a primera hora de la mañana de ayer. Garzón no debió tener necesidad de estudiar su contenido, ya que muy poco después se comunicaba la convocatoria de la audiencia para EHAK (el día 4) y ANV (el 5). En ambos casos, la hora de la sesión ha quedado fijada a las 10.00.
Los plazos pueden ser muy cortos a partir de entonces, si se atiende al precedente de agosto de 2002, cuando Garzón suspendió las actividades de Batasuna. En aquella ocasión, el secreto del sumario fue levantado un mes antes (en julio), pero en la recta final de agosto las decisionies se sucedieron de modo casi atropellado. El día 20, Garzón emitió un auto en el que anticipaba la suspensión de actividades y convocaba la audiencia, que tuvo lugar el día 23. Tras escuchar a la Fiscalía y a la representación de Batasuna, apenas tres días después el juez ordenó el cierre de las sedes de la formación independentista, que se comenzó a ejecutar aquella misma tarde.
Las FSE han allanado el terreno a esta actuación con un informe preliminar de 300 folios que llegó al despacho de la Fiscalía hace dos semanas, y finalmente con el presentado ayer, que sumaría 410 páginas (285 de la Policía española y 125 de la Guardia Civil), con el complemento de unos 2.500 folios de anexos.
La defensa no ha accedido por ahora al contenido de este sumario. Y de las filtraciones a los medios no parecen desprenderse datos nuevos: como elemento llamativo, vuelve a ponerse sobre la mesa que según la Policía los ingresos institucionales del grupo Ezker Abertzalea han servido para pagar sueldos a liberados de la izquierda abertzale. Sin embargo, algunos de ellos ya declararon por este motivo en Madrid sin que se tomaran medidas suspensivas contra el partido. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se lo reclamó incluso al juez Grande-Marlaska con motivo de algunas de estas citaciones realizadas en setiembre de 2005, pero el instructor respondió que sería una medida «aventurada y precipitada». Prácticamente todos los declarantes quedaron libres sin medida cautelar alguna en su contra.
Por otro lado, se está repitiendo ahora la maniobra de 2002, cuando se incluyeron a última hora elementos de gran realce mediático a los que se trataba de dar carácter delictivo, como la alusión a los detenidos Igor Portu y Mattin Sarasola hecha por la alcaldesa de Hernani en un acto reciente en el Anaitasuna de Iruñea, y por la que Marian Beitialarrangoitia ha sido citada a declarar mañana acusada de «enaltecimiento». En agosto de 2002, la operación se «engrasó» también mediáticamente utilizando una intervención de Arnaldo Otegi en el homenaje a la ikurriña celebrado en la Aste Nagusia de Donostia unos días antes.
Para forzar la suspensión de actividades se pretenden utilizar además documentos obtenidos supuestamente en las redadas contra detenidos en Segura o tras el arresto de Marije Fullaondo. A ésta ya se le acusó en el auto de prisión de «vinculación con EHAK» y de «recibir información o rendición de cuentas por parte de ANV».
Luego, la ilegalización
La decisión de Garzón de levantar el secreto del sumario no sólo pone en marcha el proceso de suspensión de actividades por parte de la Audiencia Nacional, sino que también abre la puerta al Gobierno del PSOE para promover la ilegalización de ambos partidos a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ya dejó claro tras el Consejo de Ministros del viernes que estaban esperando a Garzón.
Este trámite resultaría más largo y tendría dos diferencias respecto al impulsado en 2002 contra Batasuna, EH y HB. Por un lado, la iniciativa no la llevará el Congreso de los Diputados, que fue entonces quien la aprobó; el PP ha tratado hasta en cinco ocasiones de forzar esta vía, pero el PSOE ha votado en contra, y por tanto será él mismo quien se arrogue en exclusiva la paternidad de la demanda, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado como brazos ejecutores.
Por otro, la petición se tramitará presumiblemente como consecuencia de la ilegalización de Batasuna, lo que daría pie a un proceso más corto que el de entonces.
Aunque la ilegalización pudiera completar su recorrido antes del 9 de marzo, la eventual suspensión de ANV y EHAK impediría que concurrieran a las urnas. Y, por si acaso, el Gobierno español ya avanzó la pasada semana que siempre puede impugnar las listas, como hizo en las pasadas municipales y forales con más de 130 candidaturas ekintzales. De hecho, ayer mismo por la tarde la Abogacía del Estado movió ficha. Tras conocer las citaciones para el 4 y el 5 de febrero, se apresuró a pedir a Baltasar Garzón que «impida» que «Batasuna se presente a través de formas jurídicas defraudatorias de la Ley de Partidos Políticos», en clara alusión a los partidos que se pretenden pro- hibir. Y todo ello pese a admitir que ayer mismo había comenzado a leer los famosos informes policiales.
Satisfacción del PP
El PP se mostró lógicamente muy satisfecho por la puesta en marcha de una ofensiva que ha reclamado con insistencia. Su todavía diputado Jaime Ignacio del Burgo consideró que con la entrega de los informes policiales el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba «ha desbloqueado la situación absolutamente prevaricadora en la que estaba».
«Por fin la desvergüenza que ha tenido el Ministerio del Interior durante todo este tiempo ha acabado», proclamó en declaraciones a Europa Press el diputado navarro.
En Madrid, fue el secretario de Política Económica y de Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, quien se encargó de felicitar al Gobierno de Zapatero por «rectificar y acercarse a las posiciones del PP», aunque recalcó que consideran que la decisión «llega tarde, porque ANV ya está en las instituciones».
La Abogacía del Estado se apresuró a pedir que Garzón vete cualquier intento de concurrencia electoral, antes incluso de las audiencias.
UN SUMARIO CON TRES PARTES: PROCESADOS E IMPUTADOS
Batasuna
Garzón ha levantado al parecer el secreto sobre el conjunto del sumario 35/02, el denominado caso de las «herrikos» -por el que hay procesados 41 dirigentes de diferentes épocas, decisión confirmada por la Audiencia Nacional en octubre de 2006-. Según algunos medios, el tribunal especial pretendería abrir juicio oral el próximo verano. En paralelo, se pueden conocer las diligencias previas 302, que aluden a la redada de Segura del pasado 4 de octubre, que concluyó con una veintena de presos más.
ehak
La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en su día a instancias de la AVT y contra el criterio de la Fiscalía. Marlaska, en ausencia de Garzón, interrogó como imputados a diez personas responsables o ligadas al partido.
eae-anv
La investigación se extendió luego a ANV, con la conformidad de la Fiscalía, que impulsó también el veto a 133 listas. No hay imputados hasta el momento. El partido se creó en 1930 y ha sido legal sin trabas desde 1977.
Las dos providencias hechas públicas ayer por el juez Garzón sobre EHAK y ANV incluyen dos afirmaciones presuntamente garantistas. El magistrado especial indica por un lado que convoca las audiencias «sin prejuzgar la decisión que corresponda en Derecho». Y, por otro, asegura que se actuará «con el fin de garantizar los derechos de todas las partes personadas».
Sin embargo, paradójicamente al mismo tiempo Garzón apunta que las citaciones responden al artículo 129 del Código Penal, que regula la suspensión de actividades de organizaciones, con lo que queda en evidencia el objetivo de fondo.
Las sesiones de los días 4 y 5 de febrero deberán servir teóricamente para analizar los argumentos de unos y otros, pero resulta significativo que ni el Gobierno ni la Fiscalía ni la práctica totalidad de los medios ponga en duda cuál será el resultado final. Incluso el juez Garzón se dirigió el lunes a los medios para pedirles que «no se trate de alterar o acelerar lo que se tiene que producir».
Igualmente llamativo debería resultar el hecho de que todas estas partes han dado por segura la suspensión y la ilegalización de los partidos independentistas antes incluso de que se elaboraran los informes policiales que deberían servirle de base. Así, en diciembre ya se difundió que el Gobierno de Zapatero había dado orden de comenzar a redactar las demandas que se presentarán ante la Sala del 61 del Supremo. Durante todas estas semanas, los medios madrileños han dado por seguro que Garzón daría los primeros pasos para vetar a ANV y EHAK nada más recibir la información policial. Y, de hecho, así ocurrió ayer, ya que Garzón convocó las audiencias nada más recibir el informe que había calificado de definitivo.
El Estado ha procedido de esta forma pese a que recientemente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anunció la admisión a trámite de los recursos presentados en su día por Batasuna y por varias listas abertzales proscritas en el primer ciclo ilegalizador, entre 2002 y 2005, por lo que entrará a debatir el fondo del litigio. Y pese a que el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, ha hablado de proceder con cautela porque este tema «afecta a la médula del sistema democrático».
Aralar fue la única formación política vasca que expresó ayer su respaldo a ANV y EHAK, en una jornada marcada por las críticas de partidos a la condena contra Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao. El partido que lidera Patxi Zabaleta mostró en una nota su «preocupación» y afirmó que «las amenazas de ilegalización son totalmente inaceptables». «No se puede negar a nadie el derecho a participar en la confrontación política», añadió.
El diputado del PNV Emilio Olabarria interpretó que el Gobierno español ha dejado la ejecución de la ofensiva en manos de Garzón «para ahorrarse el gasto; para el Gobierno es la situación más cómoda, y eso me preocupa como fenómeno político». Agustí Cerd (ERC) añadió que «el error de partida está en la Ley de Partidos».
Tanto EHAK como EAE-ANV han anunciado hoy sendas ruedas de prensa para valorar esta decisión.
Ante una situación «de excepción», Askatasuna emplazó ayer a llevar a cabo «un plante gigantesco» como única solución. «Para Euskal Herria, conforme pasan los días es más urgente hacer desaparecer los tribunales y las leyes de excepción: la ley que posibillita la tortura, la Audiencia Nacional que ofrece impunidad a la represión total, la Ley de Partidos que hace posible prohibir y castigar cualquier actividad política, etcétera», detalla.
Askatasuna no duda en dirigirse a las instituciones vascas para reclamarles pasos efectivos que vayan más allá de «las meras declaraciones». En alusión clara a las reacciones a la condena a Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, este organismo plantea que responda «siempre y no sólo cuando interesa».
GARA
EAE-ANV edota EHAK alderdiak ilegalizatzeko asmoaren atzean, ezker abertzalea ahultzeaz harago, Euskal Herrian aldaketa galarazteko borondate politikoa dagoela dio Pernando Barrenak. Haren esanetan, ezker abertzalea aldaketa horren motore da eta hortaz, bera kolpatuta, herri honek behar duen aldaketa politikoa ezinezko egin nahi da.
Barrenaren iritziko, euskal jendartearen gehiengoak aldaketaren aldeko hautua egin duela ohartuta dago Estatu espainola, eta buruzagi nafarraren ustez, gainera, horixe da ezker abertzalea errepresioaren jomugan kokatu izanaren arrazoia, aldaketa hori errealitate bilakatuko duen eragilea baita, haren ustez, ezker abertzalea. Horiek horrela, ilegalizazio estrategiaren gakoak ez datozela epaitegietatik argudiatu zuen, eta «erabaki judizialez mozorrotutako delibero politikoa» dela nabarmendu.
Eusebio Lasarekin batera Donostian egindako agerraldian, estrategia horren jatorria PPk eta PSOEk abian jarritako Alderdien Legea dela zehaztu eta salatu zuen, egun, ilegalizazio estrategia horren jarraipena bizi dugula. Era berean, Estatu espainolean botere banaketarik ez dagoela ondorioztatu eta botere judiziala «interes politiko eta elektoral zehatzen arabera bultzatuta» eragiten duela azpimarratu zuen.
Martxoaren 9ko hauteskunde hitzordua behin igarota, bestetik, PSOEren eta EAJren artean operazio politiko bat egiteko asmoa dagoela iragarri zuen Barrenak. Euskal gizarteak duen aldaketa premiaz baliatu nahi izatea egotzi zien bi alderdiei eta aldaketa «simulatu» besterik egingo ez dutela sinetsia du. Funtsean, «Konstituzio espainolaren mugen barneko eta edukirik gabeko» aldaketa egin nahi izatea leporatu zien.
Euskal gizartearen aldaketarako grina zapuzteko xedez, Gobernu espainolak «konfrontazioaren aldeko hautua» egin dutela azaldu zuen Barrenak. Gainera, hautu horretan «denak balio duela» adierazi zuen eta horren lekuko, gogora ekarri zituen azken hileetan gertatu diren atxiloketa andana, ilegalizazio asmo berriak edota torturaren erabilpena, eta praktika horri babes politikoa eman izana ere bai.
Alta, konfrontazio egoerak bere horretan «EAJri eta NaBai-ri esker» jarraitzen duela salatu zuen Barrenak eta estrategia errepresiboarekiko «konplizitatea edukitzea» egotzi zien.
Ezker abertzalea ordea, euskal gizarteak defendatzen dituen posizioetan dagoela nabarmendu zuen Barrenak, eta euskal gizarteak egin bezala, konponbide beharra lehenesten duela azaldu zuen.
Buruzagi nafarraren iritziko, Euskal Herriak bizi duen gatazka konponduko lukeen edozein proposamenek edota elkargunek beharrezkoa du herri honen izaera aitortzea eta erabakitze eskubidea aintzat hartzea. Hala, ezker abertzaleak egindako marko demokratikorako proposamenak egun duen «gaurkotasuna, baliagarritasuna eta bideragarritasuna» azpimarratu zuen. Barrenaren ustez, gainera, hor biltzen dira, bai aurrera begira bai konponbiderako bidean, ezinbestekoak diren kontzeptuak. Marko Demokratikorako proposamena iazko martxoaren 3an ezagutarazi zen; ahatik, beste alderdien iritzirik, artean, ez dutela ezagutzerik izan gogoratu zuen Barrenak. Mututasun horregatik, edukien gaineko elkarrizketa ezkutatzeko asmo politikoa dagoela salatu zuen.
