La iniciativa pretende «superar los miedos, las dudas y las reticencias» que la convocatoria de una consulta popular puede suscitar entre la ciudadanía. Aitziber Blanco, una de las portavoces de Lokarri, explicó ayer en Donostia que persiguen «hacer un seguimiento activo de la tramitación de la propuesta presentada en los parlamentos vasco y navarro para lograr una respuesta positiva» a la consulta popular y «exigir un esfuerzo de diálogo y acuerdo» que culmine en su convocatoria.

Blanco explicó que la campaña consiste, en primer lugar, en la edición de tres publicaciones sobre la oportunidad y conveniencia de convocar una consulta popular, sobre su legalidad y sobre los posibles contenidos de ésta. Además, señaló que, desde febrero hasta junio, se ofrecerá un ciclo de charlas sobre la consulta y finalmente se difundirá un cuestionario.

En cuanto a éste, afirmó que se han editado un total de 25.000 ejemplares, de los cuales 20.000 serán enviados a la red de participación de Lokarri y el resto serán repartidos entre sus colaboradores y en foros locales. Además, otros 30.000 serán enviados a través de correo electrónico.

En el cuestionario se pregunta si la convocatoria de una consulta popular es buena para mejorar la convivencia, si es posible celebrarla sin que las accio- nes de ETA hayan cesado, si es necesario un proceso de diálogo y negociación entre instituciones y partidos antes de convocarla, si debe celebrarse aunque no haya acuerdo previo entre instituciones y partidos, si se iría a votar y si se debe celebrar aunque se prohíba.

Paul Ríos explicó que con los resultados, que se recogerán antes del 20 de febrero, se redactará un informe, «no científico pero cualitativamente interesante para conocer la opinión de parte de la sociedad», que se presentará tras las elecciones del 9 de marzo, cuando también se darán a conocer las iniciativas de Lokarri para dar «empuje» a la consulta.

Preguntado por la opinión de Lokarri sobre si debería realizarse la consulta aún habiendo una prohibición o suspensión de la misma, Ríos recordó que es «un derecho democrático y una vía pacífica para conocer la opinión de la sociedad». El portavoz de Lokarri apostó por «ser imaginativos» para poder llevarla a cabo «sin crear camino para una mayor crispación» social.