La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a la Funeraria Bilbaína en su pretensión de instalar un crematorio de cadáveres en su tanatorio del número 10 de la Avenida Zumalakarregi, a escasos metros de la casa consistorial de la capital vizcaina. El ponente falla a favor de la compañía de pompas fúnebres por «silencio administrativo» del Ayuntamiento, una vez que la representación legal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, que dirige la edil de Ezker Batua Julia Madrazo, no actuó.

En la sentencia se resalta que los letrados del Consistorio no solicitaron «recibimiento de prueba, ni la celebración de vista o presentación de conclusiones», por lo que se ve en la obligación de resolver a favor de los intereses de la funeraria.

La comisión ciudadana contraria al crematorio no se personó por falta de recursos económicos, después de invertir «mucho dinero» en un primer proceso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Bilbo. Contaron con el respaldo de 5.000 personas, que firmaron un documento contra la infraestructura funeraria y aportaron dinero para la defensa letrada de la causa.

En mayo de 2007, el juzgado respaldó la actuación del Consistorio al denegar las licencias de actividad y de obras solicitadas por la empresa, atendiendo el argumento de los vecinos de que los crematorios tienen que guardar una distancia mínima de 500 metros respecto de zonas pobladas, a pesar del vacío legal que existía en Bilbo en 2004, cuando se pidieron las licencias municipales.

Al conocerse aquella primera sentencia, la plataforma ciudadana contraria al horno exigió a la delegada de Urbanismo y Medio Ambiente que impidiese que la funeraria pudiese recurrir a tribunales superiores. Tras el fallo del TSJPV, y especialmente por la actitud de los letrados municipales, los opositores al proyecto no podrán recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. «La vía judicial se cierra», subrayan los vecinos.

Al margen de las críticas a los responsables del Consistorio, los afectados valoran que el TSJPV «no tiene en cuenta la existencia de un núcleo urbano de más de 25.000 personas afectadas por las emisiones del crematorio y los convenios o protocolos firmados a nivel internacional que indican que los crematorios no deben instalarse en centros urbanos por razones de salud. No considera -remarcan- que lo que sale por la chimenea puede matar a más personas».

Tras el varapalo judicial, la comisión vecinal contra el horno propone al Ayuntamiento de Bilbo que, «en defensa de los intereses ciudadanos, negocie con Funeraria Bilbaína otra ubicación para un posible crematorio, que no afecte a la población de forma tan directa».

A pesar de la actual normativa urbanística, que impide el emplazamiento de estos equipamientos en el centro urbano de la villa, la empresa lo podría ubicar en la Avenida Zumalakarregi una vez que su petición es anterior a la nueva ordenanza. Con la sentencia del TSJPV, según el colectivo vecinal, la funeraria se encuentra en una posición de ventaja de cara a las negociaciones con las autoridades locales.

No es la primera ocasión en que Funeraria Bilbaína se encuentra en una situación ventajosa por la actuación de los responsables del Ayuntamiento. El alcalde jeltzale Josu Ortuondo tuvo que cederle el solar donde se levanta el tanatorio, «valorado en 75 millones de pesetas de hace unos 15 años».

La razón no era otra que evitar que la firma de pompas fúnebres acudiera a los tribunales esgrimiendo un decreto anterior, firmado por la delegada de Urbanismo, por entonces Ascensión Pastor, del PP, que gobernaba con el PNV, que la autorizaba a instalarse en los locales del antiguo restaurante Lasa. En aquellos años, los vecinos de Begoña también se opusieron.

No descartan movilizarse

Los afectados de Uribarri comentan que conocieron el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la semana pasada a través de sus fuentes y entonces se comunicaron con Julia Madrazo para pedirle explicaciones sobre al actitud de los letrados municipales y por los pasos que va a dar. Una semana después, no han recibido aún respuesta.

En caso de que el equipo de gobierno PNV-EB no actúe, la plataforma ciudadana que agrupa a residentes del entorno del tanatorio está dispuesta a convocar movilizaciones «para que entre todos y todas impidamos una nueva barbaridad».

La situación que se ha creado con este polémico tanatorio sirve de argumento a las asociaciones vecinales bilbainas, agrupadas en una coordinadora, que vienen reivindicando mayor protagonismo, por ejemplo, en los consejos de distrito. Los organismos ciudadanos solicitan del equipo de gobierno PNV-EB que reconozca su papel y lo considere un interlocutor obligado.

La coordinadora envió la pasada semana una misiva a la concejal delegada de Relaciones Ciudadanas, la jeltzale Isabel Sánchez Robles, en la que piden que los colectivos vecinales puedan hacer sus funciones «en condiciones dignas». Asimismo, se demanda más información sobre los proyectos municipales en marcha y aquellos que se barajan para que sean contrastados con ellos.

«El movimiento asociativo local realiza una labor social día a día entre su vecindad, encauzando peticiones, organizando actos sociales o culturales,...; en justa correspondencia el Ayuntamiento de Bilbao deberá tener en cuenta esta función contrastando los diferentes proyectos», reivindican las AAVV.