Miembros de la plataforma contra la construcción de macro-cárceles y a favor de un modelo de ejecución penal alternativo presentaron ayer ante los medios de comunicación en Gasteiz las iniciativas que están desarrollando con el objetivo de impedir la construcción de los proyectos de nuevas prisiones previstas en Langraiz y Zubieta.

Entre otras cosas, pedirán a todas las formaciones políticas un posicionamiento claro sobre esos proyectos y sus políticas de ejecución penal, porque consideran que en campaña electoral los partidos políticos «frecuentemente se olvidan de dar respuestas programáticas o mantienen posturas ambiguas» ante cuestiones como la «prevención y lucha contra el delito». Creen que es necesario conocer las propuestas que los partidos hacen para «afrontar los problemas que hoy está generando un sistema penal que no garantiza la seguridad ciudadana, ni respeta los derechos de las personas sujetas a sanciones penales y mucho menos restaura el daño ocasionado a las víctimas».

En una carta que enviarán a las direcciones de los partidos en la CAV, intentarán recabar sus opiniones en torno al actual sistema de ejecución penal, así como sobre las medidas que proponen para acabar «con el permanente goteo de muertes no naturales en prisión y con las condiciones que están provocando que muchas personas en situación de privación de libertad acaben demenciados o fallezcan». Por último, pedirán a los grupos políticos que se posicionen en relación al plan de construcción de macro-cárceles que propone el actual Gobierno del Estado español.

Apuesta por un modelo social

A la rueda de prensa de ayer asistieron, en nombre de los organismos que componen la plataforma contra las macro-cárceles, Josemari Larrañaga, de la Asociación Arrats y Manu Arrue, de Loiola Etxea, ambos de Gipuzkoa. Junto a ellos, Marta Aldanondo y César Manzanos, de la asociación Salhaketa.

Larrañaga, que relató las reuniones que han mantenido, entre otros, con los consejeros de Lakua Javier Madrazo y Joseba Azkarraga, destacó su apuesta por un modelo social de ejecución penal. «Sabemos, reconoció, que para ello hacen falta muchas plazas: para enfermos terminales, para personas con enfermedad mental, para realizar trabajos para la comunidad, para enfermos de sida, para madres con hijos...».

A pesar de ello, consideran que no es necesario, como reclama el consejero de Justicia Joseba Azkarraga, esperar al traspaso de la competencia en pri- siones para avanzar en ese modelo, basado en «las mediaciones penales, las suspensiones de condena, la aplicación de más libertades condicionales, los pisos tutelados... Tener la competencia transferida facilitaría las cosas, pero todo eso se puede hacer sin esperar a ese momento, y no se está haciendo».

Tanto Larrañaga como Arrue se lamentaron de que «los presos interesan poco». Arrue, de Loiola Etxea, hizo un llamamiento a reflexionar sobre «qué quisiéramos encontrar si nosotros o alguien de nuestra familia es encarcelado y cómo quisiéramos que fuera el regreso a la sociedad». En su opinión, «hay que dar alternativas a la cárcel», con medidas que, aseguró «a veces son más baratas que los centros penitenciarios».

Personas rotas

César Manzanos, de Salhaketa, resaltó en este sentido que una plaza carcelaria «está costando unos 5/6 millones de pesetas al año» y se preguntó la incidencia que ese dinero podría tener, de invertirse en ayudas sociales que incluso impidieran la entrada en prisión.

Manzanos mostró su preocupación porque «nos encontramos con gente muy rota, con enfermedades crónicas que no tenían cuando entraron en prisión». A pesar de todo, se apuesta por un modelo de ejecución penal que aumenta los presos y el tiempo de estancia en prisión. En su opinión, «el único interés de las cárceles es el negocio».