El debate sobre las conversaciones de Loiola, el santuario que fue escenario clave en el frustrado proceso de negociación, vuelve al primer plano informativo después de que la izquierda abertzale haya anunciado su intención de difundir y evaluar lo ocurrido, y después también de que dirigentes políticos como Joseba Egibar (PNV) hayan admitido la inconcreción de los borradores puestos sobre la mesa en esas sesiones cruciales de octubre del año 2006.

Como adelantó GARA en mayo pasado, fue precisamente esa falta de definición la que precipitó el final sin resultados del diálogo. Ahora, pasados catorce meses, los documentos cruzados entre las tres delegaciones muestran que la discusión se cerró tras la negativa de PSOE y PNV a entrar en concreciones en los dos terrenos fundamentales: el derecho a decidir y la territorialidad. La definición propuesta por los interlocutores de la izquierda abertzale sobre el primer ámbito consistía en introducir una mención textual a la independencia, entre otras fórmulas, como una de las opciones materializables en el futuro si la ciudadanía vasca lo deseaba; y la relativa a la territorialidad consistía en situar el órgano institucional común aceptado por las tres partes como el encargado de elaborar un estatuto de autonomía único para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, que debería ser refrendado por la ciudadanía de cada ámbito.

PSOE y PNV, que hasta entonces habían afirmado estar en disposición de cerrar este acuerdo político que habría resuelto el conflicto, decidieron echarse para atrás. Las filtraciones aparecidas a finales de julio pasado de modo simultáneo en ``Diario de Noticias'', ``Deia'' y medios del grupo EiTB ya confirmaron que fue el PSOE quien se levantó de la mesa. Lo hizo alegando que las concreciones propuestas por la delegación liderada por Arnaldo Otegi superaban los márgenes de la Constitución española (aunque en realidad suponían un mero desarrollo de lo ya consensuado, no un salto cualitativo). El PNV se retiró junto a él, sin explicar si era la mención a la independencia o la implantación de la autonomía a cuatro lo que rechazaba; Josu Jon Imaz argumentó posteriormente que lo habían hecho por motivos éticos, al entender que con su demanda de concreción lo que la izquierda abertzale hacía realmente era «poner una pistola en la cabeza del PSOE».

Las dos preguntas

Con la negativa de PSOE y PNV a definir la aplicación jurídico-política de aquella supuesta filosofía de acuerdo, la izquierda abertzale encontró también un «no» a las preguntas que se hizo a sí misma en esos días decisivos.

En la última reunión de octubre, las conversaciones intensivas llevadas a cabo en el santuario habían dado pie a un segun- do borrador que cada parte se llevó para hacer lo que los interlocutores definieron como sus «tareas caseras»: consultarlo en sus ámbitos respectivos, analizar pros y contras, y tomar una posición final.

Llegados a este punto, la izquierda abertzale se hizo a sí misma dos preguntas básicas, según han explicado a GARA fuentes implicadas en ese proceso de negociación. La primera era la de si el borrador «efectivamente abría las puertas a construir un nuevo marco político» en el que tuviera cabida la opción de la independencia. La respuesta es que parecía posible, a tenor de este párrafo: «El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales».

Sin embargo, había otra pregunta paralela o complementaria a la anterior. Era la de si este borrador «cierra las puertas a un nuevo fraude, al apuntalamiento del marco o a una simple reforma del mismo». Y la respuesta es negativa. La izquierda abertzale detecta que no queda claro cuál es el sujeto político a la hora de decidir y tampoco se refleja con suficiente claridad que se pueda alcanzar la independencia.

Así las cosas, a la vuelta a la mesa de Loiola, ya en noviembre, su comisión negociadora lleva unas aportaciones que buscan ser clarificadoras. Sin retirar una sola palabra del borrador, propone que al texto se le añada una mención que defina el sujeto político y lo «ate» a los cuatro territorios, mediante esta fórmula: «El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional. Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular».

Órgano común y autonomía

Del mismo modo, cuando se habla de que todos los proyectos puedan ser no sólo defendidos sino materializados, la comisión negociadora de la izquierda abertzale reclama concretar entre paréntesis de qué opciones se está hablando: «Autonomista, federalista o independentista». Es evidente a todas luces que no podía tratarse de otras. Pero, significativamente, el PSOE se niega a ello. Más llamativo aún resultará que el PNV se plante junto a él en este terreno.

Otro tanto ocurre con el apartado de la vertebración de los territorios. El borrador recoge el compromiso con un órgano institucional común entre Iruñea y Lakua que «tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de confor- midad con el ordenamiento jurídico». De nuevo parece muy claro de qué se habla, pero el horizonte final queda diluido en expresiones ambiguas y abre la puerta, por ejemplo, a que se diluya en un debate posterior sobre cuáles son las citadas «competencias». Para solventarlo, los negociadores de la izquierda abertzale plantean añadir esto: «Este órgano institucional elaborará un Estatuto de Autonomía para los territorios de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa en un plazo no superior a dos años desde su constitución. Dicho Estatuto deberá de ser refrendado por la mayoría de la ciudadanía de cada ámbito».

Lógicamente, el plazo -dos años- se presenta como cuestión a negociar. Pero PSOE y PNV vuelven a decir no. El proceso de búsqueda de un acuerdo resolutivo queda en punto muerto tras decenas y decenas de horas de debate, colofón a una dinámica de diálogo político Batasuna-PSOE con cinco años de recorrido.

Definición, reto futuro

El resto de los acontecimientos es bien conocido. Los intentos posteriores, sobre todo el realizado simultáneamente por Batasuna-PSOE, por un lado, y Gobierno español-ETA, por otro, no traen novedades significativas. Puede entenderse que el borrador de Loiola queda como una especie de «campamento base» a la espera de definición jurídico-política que posibilite alcanzar por fin la cumbre de la resolución definitiva del conflicto.

El afán de avanzar en la concreción pendiente por parte de la izquierda abertzale no ha dejado de ponerse de manifiesto desde entonces. En febrero de 2007 ve la luz la Propuesta de Marco Democrático, que supone un refundido de los contenidos puestos sobre la mesa en la recta final del diálogo de Loiola.

PSOE y PNV se han desentendido de la misma. Sin embargo, la sombra de esta experiencia de diálogo sin parangón, finalmente frustrado sin llegar a buen puerto, no deja de sobrevolar la escena política. La pasada semana, la portavoz de Lakua, Miren Azkarate, instaba a «volver a Loiola», una senda que la izquierda abertzale nunca ha abandonado. De hecho, ha anticipado una iniciativa para explicar y debatir lo ocurrido en Loiola, y multiplicará además la difusión de la Propuesta de Marco Democrático.