El Tribunal Supremo israelí autorizó ayer al Gobierno a continuar con las restricciones de carburante y electricidad contra Gaza, desestimando el recurso presentado contra este castigo colectivo por dos ONGs, que denunciaron que la decisión de los jueces «permitirá al Gobierno israelí continuar conculcando deliberadamente los derechos de los civiles gazatíes y violando la legislación internacional». Además, alertaron de que en Gaza no se garantiza el mínimo vital.