El Consejo General del Poder Judicial no trató en su sesión plenaria de ayer la manifestación del pasado sábado en Bilbo, ni tampoco analizó las declaraciones pronunciadas desde distintos ámbitos en denuncia del fallo condenatorio dictado por el Tribunal Supremo contra Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr. En dicha resolución dada a conocer el día 21, fueron condenados los ex integrantes de la Mesa del Parlamento de Gasteiz por haberse negado, en 2003, a disolver Sozialista Abertzaleak.

Aunque estaba prevista en el orden del día, la cuestión referida a las reacciones en contra de la condena finalmente no fue debatida al no haber sido comunicada a tiempo, según informaron fuentes del CGPJ a agencias de información.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió durante su reunión del martes incluir en el orden del día del Pleno de ayer la propuesta de los vocales de la denominada «mayoría conservadora», Enrique López y Carlos Ríos, para que se «estudien, analicen, valoren y se adopte el acuerdo que se considere oportuno» en torno a esas reacciones.

La propuesta también solicitaba analizar la manifestación celebrada el sábado en las calles de Bilbo, a convocatoria de PNV, EA y EB, bajo el lema «En defensa de nuestras instituciones».

El Pleno del CGPJ desestimó valorar todas estas cuestiones ante la objeción formulada por parte de un vocal. Según indicó el órgano de gobierno de los jueces a través de un comunicado, este vocal denunció el incumplimiento de lo establecido «en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial», ya que este episodio determina que la convocatoria de las sesiones plenarias y el orden del día se comunique a los consejeros con tres días, al menos, de antelación.

Tras la negativa del Pleno del CGPJ a debatir la cuestión, nueve vocales de este órgano hicieron público un comunicado en el que mostraron su «más enérgica repulsa» ante las críticas vertidas contra la sentencia del Tribunal Supremo y reclamaron su «cese inmediato» porque, a su juicio, pretenden «deslegitimar» a los integrantes del Poder Judicial «que en modo alguno ni han pretendido ni han afectado al normal funcionamiento de las instituciones autonómicas del País Vasco».