La nota hecha pública por la Conferencia Episcopal Española desborda las habituales recomendaciones preelectorales con las que esta institución cuestiona derechos básicos como el de la mujer a ser dueña de su cuerpo, de la persona a tener una muerte digna, o de los ciudadanos de orientación sexual homosexual a formar uniones iguales en derechos y rango social. Ahora, los obispos profundizan en la línea de la injerencia de la labor política que apuntara su Instrucción Pastoral de 2006. Los prelados, además de rogar por la unidad de la «pluricentenaria» España y resaltar los males del «separatismo», se permiten opinar sobre interlocutores políticos.

Al escribir que «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político», la Conferencia Episcopal se alinea con las tesis de la no solución, confirma su abismal distancia con el sentir mayoritario en la Iglesia vasca, y se pone en evidencia porque nada dijo cuando uno de los suyos ejerció de mediador entre ETA y el gobierno de Aznar.