Oculto entre más de 600 páginas de análisis sobre la guerra contra Líbano en julio y agosto de 2006, un pequeño apéndice del informe Winograd recuerda a Israel que empleó bombas de racimo en contra de lo que establece el derecho internacional. Según datos de la ONU, Israel lanzó en los 34 días que duró la guerra, unos cuatro millones de estas bombas, de las que un millón quedó sin explotar. Desde entonces, han causado 40 muertos y 200 heridos entre la población civil y las tropas de la ONU encargadas de su desactivación.

Al caer, estas bombas se fragmentan hasta en 650 pequeños explosivos, parte de los cuales, al no estallar en el momento, acaban convirtiéndose en algo parecido, sobre todo por su carácter letal, a las minas antipersonas.

Aunque la comisión Winograd subraya que su uso no está prohibido en ninguna convención o tratado internacional, resalta que el Gobierno israelí contravino la legislación internacional al utilizarlas contra civiles y no aportar mapas precisos de su localización.

Estas bombas «son imprecisas y pueden causar daños mucho tiempo después» de su lanzamiento.

No obstante, la comisión no valora las acusaciones de daños desproporcionados y crímenes de guerra contra los libaneses durante el conflicto, en el que fallecieron más de mil personas. «No consideramos apropiado tratar estos asuntos, que forman parte de una guerra política y propagandística del Estado», concluye en su informe.

Para la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), esta llamada de atención a las Fuerzas Armadas es «insuficiente» pues lo ocurrido en Líbano fue «muy grave»,.

Según reconoció una fuente del Ministerio israelí de Defensa, Israel lanzó bombas de la época de la guerra de Vietnam para abaratar costes.

«Cubrimos pueblos enteros de bombas de racimo. Lo que hicimos allí fue alocado y monstruoso», dijo otro militar.