Nadie duda de cuál va a ser el final de las demandas de ilegalización interpuestas contra EHAK y EAE-ANV por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. El Gobierno español lo ha expresado con nitidez y los medios de comunicación mayoritarios han ratificado ya la condena antes incluso de que el Tribunal Supremo haya decidido siquiera admitir a trámite las demandas. Pocas veces tantas y tan influyentes personalidades habían puesto en cuestión la independencia de las más altas instancias judiciales de un Estado.

En estos casos, todos dan por hecho que a la hora de tomar una determinación la razón de Estado es mucho más poderosa que la endeblez de las «pruebas» presentadas. Pero aún así, se puede hacer un repaso de los argumentos con los que se pretende ilegalizar otros dos partidos. Estos argumentos son de tres tipos: 1) Relaciones económicas con miembros de la ilegalizada Batasuna. 2) No condena de las acciones de ETA. 3) EAE-ANV y EHAK están contra el TAV y eso es participar de una campaña de ETA.

Por empezar por lo que se puede considerar como el elemento más disparatado de cuantos se pueden usar para instar a la ilegalización de un partido, llama poderosamente la atención que tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado dediquen folios y folios a presentar como delictiva la posición de EHAK y ANV con respecto al Tren de Alta Velocidad, considerando la misma parte de una estrategia de coacción dirigida por ETA.

Para hacerse una idea de hasta dónde puede llegar la manipulación de la realidad, sirva este párrafo de la demanda de la Fiscalía contra EHAK: «...se descubre esa misma estrategia de traslación del discurso de ETA y Batasuna, y sumisión a los dictados de ésta, en la actuación parlamentaria de EHAK/PCTV, mediante las iniciativas en forma de pregunta sobre el tema, dirigidas al Lehendakari los días 3 de octubre y 15 de noviembre de 2007, con el contenido que refleja el informe de la Comisaría General de Información en sus páginas 135 y 136, así como el anexo A36; o, en idéntica línea, exponiendo los parlamentarios de EHAK/PCTV Julián Martínez Ona e Itziar Basterrika Unanue, en términos que prácticamente transcriben la argumentación de ETA, el 11 de diciembre de 2007, su oposición a los presupuestos porque amparan el proyecto del TAV; o mediante el rechazo del grupo parlamentario mencionado, el 27 del mismo mes, a una moción dirigida a expresar la solidaridad del Parlamento con las empresas atacadas por su participación en las obras del tren de alta velocidad».

Vayamos por partes. En Euskal Herria son muchos los grupos políticos, sociales y sindicales que se oponen a la llamada «Y vasca» y al Tren de Alta Velocidad. Incluso dentro del Parlamento de Gasteiz se han expresado en ese sentido tanto Aralar como Ezker Batua. Por lo tanto, es evidente que quien está contra el TAV no obedece a una campaña de ETA.

Por otro lado, resulta imposible que los parlamentarios de Ezker Abertzalea pudieran el 11 de diciembre de 2007 posicionarse contra el TAV «en términos que prácticamente transcriben la argumentación de ETA», cuando la «argumentación de ETA» a la que se refiere el fiscal se conoció en una entrevista publicada el 5 de enero de 2008. No se puede transcribir algo que todavía no estaba escrito.

Y, por último, nadie ha probado aún que exista una «campaña» de ETA contra el TAV.

El recurso a la no condena por parte de los representantes institucionales de Ezker Abertzalea y ANV de atentados de ETA también resulta llamativo, por inconsistente. Desde la Abogacía del Estado, por ejemplo, se reconoce que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que la no condena no es motivo suficiente para la ilegalización. Es más, se admite incluso que tampoco sirve para hablar de «apoyo al terrorismo».

Pero a continuación añade que «mas siendo ello así, cabe también señalar que una cosa es el silencio o la negativa a condenar y otra la explicación reiterada de las muertes ajenas acudiendo al tópico argumenta- tivo, retórico e incluso estético del `Conflicto', que no es fruto ni mucho menos del análisis histórico político, sino de la voluntad de justificar el uso de la violencia para conseguir fines políticos, siempre que las víctimas de la violencia se perciban como externos al ámbito humano de `los nuestros', con una reacción propia de cualquier ideología maniquea, totalitaria o racista».

Un párrafo estupendo, brillante incluso. Pero que tiene un pequeño fallo: que en ningún caso se prueba que el grupo Ezker Abertzalea, al que va dirigido, se haya comportado de esa manera. No hay en la demanda ni una declaración de ningún parlamentario en ese sentido.

En cuanto a EAE-ANV, se recoge la escucha telefónica a una edil de Durango tras el ataque al cuartel y el texto presentado por un concejal de Barakaldo tras la muerte de dos guardias civiles en Capbreton. Aún siendo discutible que lo expuesto pudiera ser motivo de actuación, cabe recordar que la Ley de Partidos habla de conductas «realizadas de forma reiterada y grave». Dos ejemplos parecen poca reiteración.

Mención aparte merece el que se pretenda utilizar para la ilegalización el ya famoso «maite zaituztegu» de la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, cuando ni siquiera la Audiencia Nacional ha visto delito en ello. O que, igualmente, se intente hacer colar como «apoyo explícito y directo a la organización terrorista ETA» que en el Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana se han creado una «comisión de presos» y otra «de represaliados».

Gran trascendencia se ha dado en determinados medios a las relaciones económicas entre EHAK y ANV y Batasuna, pero lo cierto es que en los escritos de ilegalización presentados por la Fiscalía y la Abogacía queda por demostrar que ninguno de los dos primeros partidos financie al ya ilegalizado. Sí constan facturas de pagos de alquileres de algunas salas de hoteles donde miembros de la izquierda abertzale -que nunca dijeron actuar en ese caso como Batasuna- ofrecieron ruedas de prensa, pero las cantidades son ridí- culas como para poder hablar de financiación.

Y también en este caso se dan situaciones curiosas. Por ejemplo, el fiscal pretende presentar como prueba contra EHAK la aparición de «facturas justificantes del abono por alquiler de salones en Hoteles, tanto de Pamplona (Hotel Tres Reyes) como de San Sebastián (Hesperia-Donosti) (Anexo B13), en los que diferentes dirigentes de Batasuna habían ofrecido `Ruedas de Prensa', cuyo pago se efectuó directamente en metálico o, mediante tarjeta de crédito, con cargo a sus cuentas personales. Tal es el caso de los desembolsos efectuados, en relación con la celebración de dichos actos políticos, por Joseba Jakobe Permach Martín, Arnaldo Otegi Mondragón y Pernando Barrena Arza, en los hoteles referidos, con cargo a la cuenta núm. 3035/0140/37/1400022946, de Caja Laboral Popular (Euskadiko Kutxa), de la que los mismos eran cotitulares». Pero el caso es que esas mismas facturas se pretenden utilizar contra ANV; o se pagaron dos veces, una por cada partido, o ahí hay trampa.

La Fiscalía y la Abogacía consideran motivo de ilegalización que las personas a las que tanto EHAK como ANV habían dado de alta en la Seguridad Social tengan relación con Batasuna, y creen que, más allá de la afinidad ideológica, hay un intento de pagar las estructuras de ese partido. Pero poca intención de mantener oculto el dato debieron tener ambos partidos cuando la contratación se hace de forma oficial ante la Seguridad Social. ¿A quién iban a contratar como asesores o empleados, a políticos del PP?

Un último dato a destacar puede ser el uso de pruebas viejas para tratar de justificar hechos nuevos. Durante meses, e incluso años, hasta el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho textualmente que EHAK y Batasuna eran cosas distintas. Ahora, como única prueba de la sumisión de EHAK a Batasuna, se recurre a la grabación de conversaciones entre Juan Joxe Petri- korena y el responsable de comunicación de Ezker Abertzalea que datan de mayo de 2005, por las que ambos ya pasaron por la Audiencia Nacional, ante Fernando Grande-Marlaska, en setiembre de ese mismo año.

Como se puede comprobar, todo esto tiene poco que ver con el Derecho, nada con la Justicia, y mucho con la conveniencia política e incluso el más bajo tacticismo electoral.