El Botxo amaneció ayer cubierto de nubes que con el paso de las horas acabaron descargando algún que otro aguacero. Este lunes plomizo daba comienzo el plazo de presentación de las solicitudes para acceder a las AES, que se prolongará por espacio de 10 días hábiles en un único lugar, el centro cívico de San Francisco, donde el Consistorio, gracias al trabajo de 30 trabajadoras sociales, atenderá a las personas solicitantes mediante un sistema de turno.

El concejal delegado de Acción Social, el jeltzale Ricardo Barkala, anunció hace unos días que las novedades en la tramitación de las ayudas iban a agilizarla, aunque a la vista de las quejas de quienes aguardaban, un número de cita no es muy eficaz. Una cola formada por una veintena de personas se mantuvo constante desde primera hora de la mañana a la puerta del edificio, donde un vigilante de una empresa privada se encargaba de entregar el número.

A las 10.20, aproximadamente dos horas después de que se abriera el plazo, quienes trataban de guarecerse del chaparrón que por entonces descargaba sobre la villa recogían el número 540 mientras en un pequeño luminoso se reflejaba el dígito para acceder a ser atendido por las trabajadoras sociales. Pertrechadas con paraguas y haciendo maniobras con las sillas de bebé, un grupo de mujeres no ocultaban su malestar. «Esto parece el Tercer Mundo, es una vergüenza», gritaban, observados de cerca por los componentes de tres patrullas de la Policía Municipal de Bilbo, con perro incluido, que se encontraban apostados frente al centro.

Precisamente, naturales de países pobres que han recalado en la capital vizcaina para buscar un futuro mejor para ellos y sus familias son muchas de las personas que esperaban en la fila, aunque no la mayoría. El perfil de quienes solicitaron acceder el ejercicio pasado a las AES es en el 71% de los casos mujer, siendo los beneficiarios en un 34,75% inmigrantes.

Para acceder al 100% de la ayuda es necesario no disponer de ingresos anuales superiores a 7.392 euros y de 11.063 euros si se opta al 50%, además de no contar con un valor patrimonial superior a 29.568 euros.

Los vecinos del entorno son la mayoría de quienes optan. El 14,4% de las ayudas concedidas en 2007 por el Ayuntamiento -1.073 peticiones-fueron a parar a residentes en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, que son el 6,8% de la población del Botxo. Ampliando el círculo al Casco Viejo y Abusu, los beneficiarios se extienden al 24%, según los datos oficiales.

Pero no todos lo tuvieron fácil para llegar a la Plaza Corazón de María. Vecinos de Otxarkoaga, Rekalde, Peñaskal, Uribarri, San Inazio o Zorrotza tuvieron que desplazarse, en vez de acudir como la hacían hasta ahora a las Unidades Sociales de Base de cada distrito. Muchos de ellos con sus hijos de corta edad.

Mientras los responsables municipales defienden que la centralización reducirá el tiempo de espera y evitará el colapso de los servicios de base, «permitiendo que las trabajadoras sociales se dediquen a otro tipo de labores», muchas de las personas que acudieron a San Francisco se quejaron de las molestias que les ocasiona. «No acabo de entender el motivo de este cambio», confesaba una mujer de avanzada edad que trataba de regresar a su domicilio en Otxarkoaga y analizaba las conexiones de transporte público.

Quienes acudan hasta el 15 de febrero a tramitar la solicitud necesitan este apoyo económico para abonar los recibos de agua, luz o gas, afrontar la compra de algún electrodoméstico, gastos médicos y especialmente para pagar el alquiler mensual de la vivienda. Estas ayudas no periódicas tratan de evitar o paliar situaciones de exclusión social.

Dentro de unos meses, según avanzó Barkala en su comparecencia del 24 de enero, se modificará la normativa que regula la tramitación y asignación de las AES. A partir de entonces, las ayudas vinculadas directamente a la vivienda -el 75% de las recibidas en 2007 en Bilbo- se articularán como «un complemento de vivienda» a la Renta Básica, siendo la Diputación la encargada de su abono.

Ricardo Barkala enfatizó que no tendrán opción a solicitarlas quienes, habiéndola recibido en ejercicios anteriores, no hubieran justificado el destino final de las ayudas. Para conseguir un control «más eficiente», se reforzará el servicio de seguimiento de las AES.

Para llevar a cabo esta tarea de control, el Ayuntamiento contratará a alrededor de 18 trabajadores sociales, entre personal de base, coordinadores y auxiliares. En esta nueva área de inspección de Acción Social, se pretende disponer de técnicos para atender a cerca del 15% de perceptores de las ayudas que se calcula pueden encontrar un empleo y a quienes los responsables municipales quieren vincular la prestación con la recepción de la formación correspondiente a través de convenios de inserción.