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Análisis

Más allá de los dos puntos extras

 La izquierda abertzale sabe que explicar Loiola -hacer política en general- es una apuesta de riesgo a nivel personal. Pero eso no le ha echado atrás, más aún cuando la alternativa es enquistarse en mentiras o fracasos, cuando no hay alternativa

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Ramón SOLA

Pernando Barrena apuntaba la semana pasada en una conversación informal que él y sus compañeros serían detenidos probablemente el mismo día en que las encuestas apuntasen que el PSOE necesitaba «separarse del PP un par de puntos». Pero la explicación electoralista se queda corta: el Estado español busca el imposible de acallar a la izquierda abertzale y acomodarse en el bloqueo a las vías de solución.

Dentro de lo malo, quizás hoy Pernando Barrena sienta al menos cierto alivio de no tener que escuchar a ningún periodista preguntarle si no cree que puede ser detenido ese mismo día. No tendrá que ver cómo hay cámaras que le siguen hasta el coche «por si acaso» tras ofrecer una rueda de prensa o cómo hay reporteros dispuestos a acampar ante su domicilio en algunas noches que les resultan especialmente sospechosas. No tendrá que leer, como hace un par de semanas, que todavía continuaba en libertad «inexplicablemente». Y tampoco deberá escuchar a tertulianos televisivos, incluido algún candidato al Senado, insinuar que si esa tarde de octubre no estaba en la reunión de Segura sería por algo y no por hallarse simplemente de vacaciones. ¿Valía todo acaso desde que el PNV sentenció que tras concluir el proceso de negociación los dirigentes de Batasuna eran «prescindibles»?

Todos estos comportamientos confluyen para tratar de convertir la ilegalización en una especie de fenómeno tolerable para el conjunto de la sociedad. Pero la realidad es la que es, y Pernando Barrena, Patxi Urrutia y el resto de sus compañeros de la Mesa Nacional han sido detenidos -y llevados a prisión en la mayor parte de los casos- por realizar una reunión, ofrecer una rueda de prensa o llevar a cabo una charla política sobre cómo solucionar un conflicto armado. Lo sabe la ciudadanía vasca y la de todo el mundo. Y quien trata de edulcorarlo o disimularlo no hace más que ponerse en evidencia.

Barrena tenía bien claro la pasada semana cuál era su horizonte vital cercano. Aventuraba en una conversación infor- mal que el Gobierno del PSOE les detendría a él y a otros compañeros «el mismo día en que las encuestas le digan que necesita despegarse del PP un par de puntos más con vistas al 9 de marzo». La casualidad, o no, ha querido que los sondeos publicados este fin de semana no terminen de despejar el panorama electoral de Zapatero. El día después, llegan nuevas detenciones. Así de real y así de triste. Pero triste sobre todo para el PSOE, para quien debería ser una derrota en toda regla tener que recurrir a la política patentada por el PP para ganar («todos acabarán en la cárcel, todos», dejó sentado Aznar hace ya casi una década).

Pero la explicación meramente electoralista, como la de «la crónica de la detención anunciada», se queda muy corta en este caso. El juez Baltasar Garzón no se ha preocupado en ocultar que el catalizador es el acto público del sábado en Iruñea, en el que la izquierda abertzale explicó lo ocurrido en el proceso de negociación y fijó su diagnóstico sobre las claves de la situación actual. Y reabrió así un debate que, a la vista está, le da pánico al Estado.

Ocurre, sin embargo, que los hechos vuelven a ser tozudos. Que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y que termina saliendo. Ayer mismo, con ocho meses de retraso, ``El Mundo'' contaba lo mismo que este periódico ya reveló en su día y Zapatero quiso negar hasta hace bien poco: que tras el atentado de Barajas siguieron los contactos entre el Ejecutivo estatal y ETA y que en mayo de 2007 hubo un último intento con mediación internacional.

La verdad acaba reluciendo, y los portavoces de la izquierda abertzale tienen la mala costumbre de decirla. Así lo hizo Arnaldo Otegi frente a todo un ministro del Interior el 11-M. Y también, entre otros, Barrena cuando alertaba de que el proceso de negociación se pudría.

El Estado español ha puesto a todo su aparato represivo a construir un muro frente a la verdad, porque sabe que reconocer esa verdad debe ser la palanca de impulso para dar nuevos pasos hacia la solución.

El Gobierno español probablemente pensó que amenazar con la cárcel a los dirigentes de la izquierda abertzale les iba a hacer callar. Craso error. Uno de los grandes problemas del Estado en su lucha contra el independentismo es no entender a la izquierda abertzale -¡y mira que ha tenido años para ello!-, pensar que encaja en sus moldes de hacer política y que la represión puede condicionar sus planteamientos y sus estrategias. Pero no es así. La izquierda abertzale sabía seguramente que la iniciativa de difundir la realidad de lo ocurrido en la mesa de Loiola era una apuesta de riesgo, pero eso no le ha echado atrás. Más aún cuando la alternativa es enquistarse en mentiras o medias verdades, en inmovilismos y fracasos. Es decir, cuando no hay alternativa.

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