Ha querido una de esas casualidades que jalonan a menudo la crónica política vasca que mientras parlamentarios de la Cámara de Gasteiz mantenían los primeros encuentros en su visita a Irlanda la Policía española apresara a dos representantes de la izquierda abertzale, Patxi Urrutia y Pernando Barrena. Dirigentes políticos que, junto al también perseguido Unai Fano, desgranaron el sábado en Iruñea las bases de la propuesta de la izquierda abertzale para que Euskal Herria transite por el camino de las soluciones políticas. Así, mientras los parlamentarios analizaban con representantes republicanos y unionistas el valor del «principio de consentimiento» -es decir, del respeto a la decisión de los ciudadanos sobre los cambios de marcos políticos-, un magistrado español se cobraba dos nuevos «trofeos» en la caza abierta contra el independentismo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero tras el final del proceso de diálogo político.

Indefectiblemente, la cercanía entre la última comparecencia pública de los políticos abertzales y las órdenes de arresto evidencia que para el Estado español resulta inaceptable que la izquierda abertzale aporte más datos sobre el carpetazo dado por PSOE y PNV a un acuerdo que, basado en el «principio de consentimiento» -es decir, en el refrendo de los ciudadanos de la CAV y Nafarroa-, habría servido de base para una solución estable y duradera al conflicto que soporta Euskal Herria.

La estrategia de represión a la que se consagra con ahínco el Estado intenta, sin grandes visos de éxito, que las cuestiones del derecho de decisión y del sujeto político no vuelvan a marcar el debate político. Sin embargo, a nadie se le oculta que la concreción de los contenidos esbozados en Loiola es la llave del cambio político real. Quizás a la vuelta de Irlanda las mentes estén más claras a la hora de fijar prioridades y de dar respuestas de altura a esta ofensiva contra Euskal Herria. Ofensiva que unos avalan y que otros, aunque afirmen que es «a su pesar», consienten sin pudor.