El presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos, compareció ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, acompañado por la abogada Jone Goirizelaia, en la vista celebrada para estudiar la posible suspensión de actividades de esta formación. El fiscal Vicente González Mota y las dos acusaciones particulares también asistieron a una vistilla que se prolongó durante una hora y media.

Entre el resto de la delegación de EHAK que se desplazó hasta Madrid se encontraban los parlamentarios de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin y Julián Martínez, así como representantes del Comité Central y simpatizantes de la formación que se quedaron esperando en el exterior de la Audiencia Nacional.

La cita estaba prevista para las 10.00 y, en el momento en el que Goirizelaia y Ramos se acercaron a la puerta de entrada del tribunal especial, fueron increpados por cuatro ultraderechistas que portaban banderas rojigualdas preconstitucionales y del partido Alianza Nacional.

Dentro del Juzgado de Instrucción número 5, la representante legal de la formación abertzale argumentó que la mayoría de los informes policiales en los que se sustenta la acusación para suspender la actividad de EHAK son de 2005 y que si entonces no había motivos para actuar contra ella «tampoco debe haberlos en 2008» porque no hay ninguna «acción delictiva».

Goirizelaia explicó a GARA que la mayoría de las pruebas aportadas existían desde hace dos años porque la investigación fue abierta en 2005, pero nadie tomó decisiones en ese momento ya que se consideraron como indicios insuficientes. Asimismo, señaló que los únicos datos nuevos proceden del registro llevado a cabo en la sede de Usurbil tras la operación policial desarrollada a comienzos del pasado mes de octubre en Segura y que, a juicio de la letrada, fue «ilegal». De hecho, se interpuso un recurso.

En este sentido, declaró que los movimientos bancarios y las altas en la Seguridad Social son totalmente legales. Sobre las escuchas telefónicas que mencionan en sus informes a modo de prueba las FSE, Goirizelaia expuso ante el juez que no se han aportado a la causa, por lo que no han podido ser analizadas y que deben ser declaradas como nulas al no cumplir los requisitos judiciales.

«Fraude de ley»

La abogada de EHAK planteó ante Garzón que la suspensión de actividades ya había sido solicitada en el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado en aplicación de la Ley de Partidos y que hacerlo también por la vía penal supondría un «fraude de ley». Según explicó, ya existe una ley específica al respecto, que es la Ley de Partidos, y apuntó que las medidas que el fiscal y las acusaciones particulares han solicitado durante la audiencia son «las mismas» que se han pedido en el Supremo y que, por tanto, «debe ser prioritaria la ley específica».

Goirizelaia añadió que la suspensión penal de las actividades de EHAK resulta «innecesaria» debido a que el Tribunal Supremo estudiará esta misma semana la suspensión cautelar.

Otro de los argumentos que utilizó la abogada es que el alcance del artículo 129 del Código Penal tan sólo es aplicable a empresas, fundaciones y asociaciones. Aunque Garzón recurrió a este artículo en 2002 para suspender las actividades de Batasuna, la abogada señaló que al contrario que ahora en aquella ocasión no se presentó una demanda de similares características en el Supremo.

Asimismo, recordó que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dictó una sentencia en el sumario 18/98 en la que aseguraba que para aplicar el citado artículo la acusación debe ser de «integración en banda armada» y no de «colaboración» como ocurre en este caso.

Goirizelaia denunció ante Garzón el «interés político» que observa detrás de la petición de suspensión, que busca impedir que una formación pueda participar en las elecciones. Por ello, reclamó al juez que tenga en consideración que no puede ser vulnerado un derecho fundamental como es el de la participación política.

En ese punto, volvió a insistir en que la investigación se inició allá por 2005 y que las medidas han sido reclamadas ahora con tanta prisa por la cita electoral del próximo 9 de marzo.

Competencia del TSJPV

La abogada expuso también que debían haber sido convocados a la vista celebrada ayer los representantes del grupo parlamentario Ezker Abertzalea en la Cámara de Gasteiz, argumentando que «una cosa es el partido y otra el grupo». Y es que se trata de entes jurídicos diferentes y en esta causa se están mezclando ambos.

En este sentido, aseguró que todas las investigaciones abiertas se centran en la actuación del grupo parlamentario, por lo que consideró que la Audiencia Nacional no es competente en este procedimiento porque, si las medidas que se están estudiando contra los parlamentarios finalmente se adoptan, éstos son aforados y el órgano habilitado por ley es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones particulares reclamaron la suspensión de actividades de EHAK durante un periodo de cinco años, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a elecciones, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales.

Tras la comparecencia de EHAK, al tribunal especial español acudirán hoy los representantes de EAE-ANV para una vista similar.