El mercado eléctrico vive un momento de profundos cambios en el que son habituales las operaciones -o los simples rumores- para fusionar varias compañías y aspirar en mejores condiciones a competir en el mercado globalizado. Iberdrola no es ajena a esa ambiente global, y el hecho de que en estos días se asista al tercer asalto en poco tiempo para trocear la eléctrica de origen vasco no puede verse como un hecho aislado. Desde la entrada de ACS en el accionariado había quedado de manifiesto esa vocación, que se ha acrecentado definitivamente con la alianza de la constructora española con la EDF francesa. El Gobierno francés ha sometido a EDF a una política de progresiva privatización -conversión en sociedades anónimas de EDF y EGF (gas)- que, por descontado, ha llevado aparejado el finiquito a plazos del estatuto que amparaba históricamente a los trabajadores de un sector tan estratégico como es el energético.

El vaciado de los sectores públicos, con el riesgo consiguiente de que el concepto de servicio a la ciudadanía deje paso en exclusiva a la lógica del beneficio empresarial, es el telón de fondo de ésta y otras maniobras financieras.